Precandidatos y seguridad interior

Precandidatos y seguridad interior

En un debate que no existió, la Cámara de Senadores aprobó de forma controversial el dictamen de la Ley de seguridad interior con 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones. Así cerró el 2017, de nada sirvieron las intervenciones de los senadores de oposición, sus propuestas para intentar modificar el dictamen original simplemente fueron aplastadas por una sorda mayoría.

De nada sirvió la advertencia de organismos internacionales que días antes de la aprobación habían señalado los riegos de aprobar una ley con esas características. En sus 34 artículos, la Ley de Seguridad Interior, afirma que “Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior”. Con afirmaciones amplias y ambiguas, el ordenamiento sostiene: “La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.(Artículo 2).

Algunos de los puntos graves de la Ley de Seguridad Interior (LSI) son los que se refieren a las “Acciones de Seguridad Interior” las cuales define como “aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno”. Esta simple referencia deja en manos del ejército la posibilidad de tomar acciones de forma unilateral, para “identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior”.

Así bajo el argumento de la seguridad interior, el país será sometido a un Estado policial y para ello basta echarle un vistazo a los artículos 29, 30 y 31 de dicho ordenamiento en el apartado de la inteligencia para la seguridad interior.  Si bien es cierto que la semana pasada un grupo de diputados del PAN, PRD, MORENA y MC reunieron 188 firmas para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación debo admitir que no soy optimista y adelanto que la Suprema Corte no dará la razón a los legisladores. Así, solo después de los señalamientos nacionales e internacionales, la oposición pudo conjuntar sus esfuerzos para echar andar la maquinaria legal que ahora está en manos del máximo tribunal de la nación.

A todo esto, el posicionamiento de los precandidatos de la oposición no ha sido lo suficientemente claro. No hay una postura argumentada y precisa de Ricardo Anaya, ni de Andrés Manuel. Es más, legisladores de los partidos que respaldan estas candidaturas permitieron la votación y dieron su respaldo a la iniciativa. Del priista candidato no se puede esperar más que la defensa a ultranza de la legislación aprobada.

No perdamos de vista que una ley de estas características solo puede beneficiar a quien ostenta el poder, ¿Sera acaso que quienes actualmente lo tienen no pretender dejarlo? estemos pendientes del tema y no olvidemos que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada de forma atropellada y de cara a la elección de este año.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.

Samuel Hernández Apodaca

@iusfilosofo

Las ideas y opiniones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista o la línea editorial de Informaver y Arcadeleer. Respetamos y defendemos el derecho a la libre expresión.