Señalar que los gobiernos del PRI generaron un sistema de actuación política que se repite constantemente sin importar el color del que gobierne no es algo nuevo. El sistema ahijó un sindicato de maestros (el SNTE) que ha dado como resultado líderes corruptamente enriquecidos y una base trabajadora muy pobre. Este mismo sistema ha generado también una oposición a ese sindicato (la CNTE) que, más que ver por los maestros, ve por la ganancia de quienes realmente le mueven los hilos –el tiempo me ha enseñado que en este país no hay activismo ni grupo que no tenga patrocinador–.
Las protestas de los líderes de la CNTE han movilizado a maestros y grupos de choque (me niego –a lo mejor ingenuamente– a creer que son maestros quienes cargan y avientan bombas molotov), para bloquear desde ayer las autopistas que conectan a la capital de Oaxaca con el Distrito Federal y organizar una marcha en la capital del país, nuevamente para protestar en contra de la Reforma Educativa, en lo que podría calificarse como la bienvenida a Aurelio Nuño como titular del ramo. Estos actos, independientemente de sus motivos, terminan por ocasionar serios problemas a miles de personas que ni la deben ni la temen, sin que ninguna de las partes –quejosos o autoridad–, repararen en ellos.
Los últimos bloqueos han traído a la discusión, sobre todo en redes sociales donde no se requiere conocimiento de causa para emitir cualquier juicio, la validez o no de la actuación policiaca. Hasta donde se sabe, el bloquear una carretera es un delito que amerita cárcel y multa (las dos cosas). Hasta ahora nadie ha sido sentenciado por eso y hasta ahora también, hay muchos que se quejan de “brutal represión”.
A esa parte dual (donde el gobierno deja de actuar y el gobernado se queja de un gobierno represor) llamamos el “Síndrome de Tlatelolco” o el “Síndrome del ‘68”. Me explico:
Primero el contexto. El 68 mexicano no tiene parecido alguno con actuaciones policíacas posteriores por varias razones. La primera de ellas, los propósitos.
De una manera muy simple trataré de explicarlo. El gobierno buscaba el exterminio de toda forma de disidencia ante un marco de exposición mundial, aduciendo que el “comunismo internacional” estaba infiltrado en el estudiantado mexicano “para que México fuera un satélite comunista de la URSS” y lo haría pasando por encima de cualquier tipo de ley “pésele a quien le pese” (todas las comillas son frases de Díaz Ordaz). Para quienes lo vivimos –unos más que otros–, el del 68 fue un movimiento general y prácticamente voluntario. En él participaron estudiantes, maestros, amas de casa, empleados, profesionistas y hasta empresarios. Las dos grandes marchas dan testimonio de ello. El gobierno de Díaz Ordaz utilizó a la policía, a grupos paramilitares y al ejército para reprimir brutalmente la que sería la última gran concentración (en la plaza de las Tres Culturas), ocasionando un número no determinado de muertos, desparecidos, mutilados y heridos.
Los organizadores del movimiento buscaban algo que, a la fecha, se resume en dos grandes valores de indiscutible beneficio colectivo (no gremial, no grupal, no cupular): la cancelación del delito de disolución social y el diálogo abierto del gobierno con una ciudadanía sin filiación partidista (algo que, a la fecha, a cuenta gotas se obtiene).
Esas son las grandes diferencias.
A partir de que los gobiernos han podido controlar a un número cada vez menor de medios de información y en una búsqueda casi enfermiza de legitimación, los gobiernos de todos los colores de los tres niveles de gobierno, han abandonado su función (que implica, entre otras muchas cosas hacer respetar las leyes vigentes), y han permitido que la ley se viole en innumerables ocasiones –por parte de todos los sectores: empresarial, sindical o político–, con tal de no parecer un gobierno represor o coercitivo a la libertad de expresión.
Y en eso todos han estado involucrados: si se hace algo que no conviene a cualquiera de los medios electrónicos, inmediatamente sacan la espada de la libertad de expresión para decir que se trata de un atentado a la misma; si se hace algo que no conviene a un sindicato determinado, inmediatamente se habla de represión o de atentado contra las conquistas laborales; si se hace algo en contra de un grupo empresarial, se habla de una persecución política.
Con ese criterio se ha gobernado desde hace varios lustros. No se aplica la ley por el gran temor a que el gobierno en turno se deslegitime. Prefieren que las leyes se sigan violando en detrimento de la ciudadanía (que forma una clientela casi cautiva), a parecer déspota ante grupos que buscan beneficios particulares.
Esto lo han aprovechado todos los ya señalados. Vivir del chantaje y calificar a todo como un acto represivo, antisectorial o de persecución política ha sido desde hace un rato el signo de los tiempos.
Y lo más curioso es lo que dicen: “Esto es otro 68”. No tienen ni idea.
Esto va a acabar en el momento en que la ley se aplique y se aplique para todos. En que la vigencia del estado de derecho sea, más que un dicho, una política de Estado. Con eso se cura el síndrome.
Decía José Martí que la política es el arte de inventar un recurso a cada nuevo recurso de los contrarios, de convertir los reveses en fortuna; de adecuarse al momento presente sin que la adecuación cueste el sacrificio o la merma importante del ideal que se persigue; de cejar para tomar empuje. ¿Quedó claro?
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