CIUDAD DE MÉXICO.— La pugna jurídica por la memoria y la libertad de prensa en torno al caso Trevi-Andrade escaló al ámbito judicial federal. La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) admitió a trámite una demanda de nulidad interpuesta por el grupo editorial Penguin Random House contra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y le concedió medidas cautelares para suspender provisionalmente una sanción económica superior a los 500 mil pesos y el veto de distribución que pesaba sobre el libro Todo a la luz, de la abogada, activista y víctima Karla de la Cuesta.
El conflicto legal estalló el 27 de julio de 2026, cuando el IMPI —órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía— emitió una resolución en la que determinó una presunta infracción en materia de comercio por el uso sin autorización previa del nombre y rostro de la cantante Gloria Trevi. Con base en ello, el organismo ordenó retirar de circulación la obra publicada bajo el sello Grijalbo e impuso una multa de 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), más sanciones coercitivas de 500 UMA por cada día que continuara al alcance del público.
En conferencia de prensa, en la que participaron directivos de la editorial y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Diego Echeverría, el equipo legal de Penguin Random House advirtió que la postura del IMPI constituye un acto de censura gubernamental que amenaza al periodismo y a la investigación en México.
⇒ Quetzalli de la Concha, gerente legal y de derechos de autor de la casa editorial, subrayó que el material fotográfico impugnado corresponde a recortes periodísticos que forman parte del expediente judicial penal abierto a principios de los años 2000, los cuales son de interés público.
“La resolución del IMPI crea un derecho de veto a favor de cualquier persona señalada en una investigación periodística. Si subsiste este criterio, nadie podrá usar el nombre de una figura pública para informar sobre ella o criticarla sin su autorización previa, bajo amenaza de multas millonarias. Es un atentado directo contra el periodismo“, enfatizó De la Concha, quien cuestionó si la Secretaría de Economía o el Ejecutivo Federal están al tanto de estos precedentes inhibidores.
Por su parte, el abogado litigante Eduardo de la Parra detalló la inconsistencia jurídica del organismo gubernamental. En 2024, cuando la obra comenzó su circulación con un tiraje inicial de 3 mil copias, el IMPI había desechado las medidas cautelares promovidas por los representantes de Trevi, reconociendo que se trataba de una persona con evidente proyección pública y privilegiando el derecho social a la información amparado en el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y tratados internacionales. No obstante, en su resolución definitiva de 2026, la dependencia modificó diametralmente su resolución sin justificación.
⇒ Con la suspensión otorgada por el TFJA, la orden del IMPI quedó provisionalmente congelada, lo que garantiza que la obra —que ya suma una reimpresión de 4 mil ejemplares adicionales— permanezca legalmente en las librerías del país mientras el tribunal analiza de fondo la nulidad del fallo administrativo.
En tanto, Arturo Saucedo, especialista en política y legislación cultural, alertó que utilizar organismos de propiedad industrial para coartar la circulación de contenidos editoriales e investigaciones documentales desdibuja el carácter democrático de las instituciones y abre paso a prácticas propias de un régimen autoritario.
A la controversia se suma otro frente judicial: de acuerdo con De la Concha, el juez que en su momento absolvió a Trevi en Chihuahua también interpuso una demanda contra la editorial por presunta afectación a su imagen, aun cuando el texto se circunscribe de manera estricta al ejercicio de sus funciones públicas en aquel expediente penal.
AM.MX/dsc