1. Todos los países cuentan con programas de carácter social compensatorio, cuyo objetivo es nivelar el desarrollo de los sectores más vulnerables de su población. La acción gubernamental supone posibilitar el equilibrio en la distribución del ingreso y hacer más equitativo el crecimiento económico. Así lo asume la administración del presidente Enrique Peña Nieto, al focalizar sus acciones para detonar el desarrollo social de las comunidades que se encuentran rezagadas en nuestro país.
2. Sin embargo, para que los programas sociales tengan el impacto que se busca, deben contar con una estructura de financiamiento sólida, para lo cual el Estado debe estar en condiciones de recaudar los impuestos de manera eficiente y justa.
3. En una sociedad como la mexicana en la que sólo tres de cada siete personas que realizan una actividad económica remunerada cumplen con sus obligaciones fiscales, el gobierno se encuentra limitado para poder actuar eficientemente en la redistribución del ingreso nacional a raíz de la baja recaudación.
4. El esquema tributario actual requiere que la industria petrolera aporte cuarenta por ciento de sus ingresos para ser destinados a los presupuestos del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios. Modificar esta estructura presupuestaria es una necesidad imperante si queremos transformarnos en una sociedad competitiva, con alto crecimiento económico y capaz de generar empleo.
5. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea que 46.2% de la población vive en condiciones de pobreza y 10.4% en pobreza extrema, situación inaceptable en materia de justicia social. Para revertir esta situación de manera permanente el Presidente de la República plantea hacer de la educación la palanca del desarrollo, elevar la productividad social para competir en un mundo globalizado y democratizar las posibilidades de inversión.
6. Lo anterior se dice fácil, pero requerirá el apoyo de todos los mexicanos para lograrlo, sobre todo si consideramos que el 60% de los trabajadores nacionales se encuentra en las filas de la economía informal y que nuestro sistema recaudatorio debe realizar una reingeniería administrativa a fondo.
7. El cambio debe iniciar con el concurso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, para que la transformación sea permanente y duradera. El Pacto por México es muy claro en cuanto a la necesidad de hacer una reforma hacendaria que brinde a este país la base para un crecimiento certero en el futuro.
8. De manera clara y contundente, el Ejecutivo ha relanzado la Cruzada Nacional contra el Hambre, una estrategia que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, ha destacado como la más importante del gobierno actual. La Cruzada requerirá más recursos para incrementar su efectividad. El primer paso es dotar de las necesidades nutricionales a la población de mayor rezago social; el segundo, hacer efectivo el derecho a la educación consagrado en nuestra Carta Magna, y el tercero, construir la infraestructura que permita generar crecimiento económico en las zonas de rezago.
9. El cambio en los programas sociales no sólo está en su estructura de financiamiento, debemos pasar de los programas asistenciales a los programas productivos en las zonas marginadas, y para ello tendremos que impulsar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en ellas, vincular a las comunidades en cadenas productivas que aporten valor a la producción y no hacer a la población vulnerable dependiente crónica de las transferencias gubernamentales.
10. Democratizar la productividad y tener un gobierno cercano a las necesidades de su población, son la clave para lograr el cambio y transformar a México en un país más justo y próspero.
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