CULIACÁN, SINALOA, 23 de noviembre (Al Momento Noticias).- El abuso sexual que sufrió una niña de seis años en el Colegio las Torres, donde cursa el primer año de primaria, presuntamente por cuatro alumnos del sexto grado en el área de sanitarios, se investiga con el mayor sigilo posible, para no violentar sus derechos, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Sin embargo, los menores de 11 años de edad, no serán sancionados hasta que concluyan las investigaciones, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado (SEPyC).
El hecho ocurrido hace dos semanas en el colegio privado Las Torres fue denunciado por los padres de la víctima, quienes explicaron que se percataron del asunto luego de que la niñera de la menor notara heridas en sus partes íntimas mientras la bañaba.
La pequeña contó que a la salida de la escuela se dirigió al baño (que no estaba vigilado por el personal del plantel) en donde fue interceptada por cuatro niños de 11 años, dos de los cuales la retuvieron mientras uno más realizaba la agresión y otro más vigilaba la puerta. El mismo jueves que nos comentó esto, la llevamos con un doctor. El doctor la revisó y nos dice que sí coincide el daño que ella traía con la versión de la niña y que una niña de esa edad no tiene la imaginación ni la magnitud para expresarse de la manera que ella lo hacía.
Nos dicen que esto ya le corresponde al DIF, de todas formas interpusimos una denuncia. La misma directora tomó fotografías de los niños de sexto año para que la niña reconociera quiénes fueron los agresores, los reconoció inmediatamente”, dijo el padre al periódico.
Tras algunos días de hermetismo, Francisco Frías Castro, titular de la SEPyC en Sinaloa, se reunió con padres de familia del colegio.
Les dijo que los menores señalados no serán suspendidos de la escuela hasta que se concluyan las investigaciones, las cuales quedan en manos de los directivos de la primaria, así como de Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Sinaloa y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La SEPyC, informó el funcionario, tendrá injerencia en el asunto al deslindar responsabilidades del personal académico, aunque la autoridad local dijo que la escuela podría ser sancionada por omisiones. Estas investigaciones podrían concluir en los próximos ocho días.
Pese a la indignación de los padres por la permanencia de los supuestos culpables en la escuela, Frías Castro sostuvo: ”Imagínense que ahorita nosotros dijéramos: ‘separen a los niños’ y luego que Derechos Humanos o la Procuraduría del Menor nos diga: ‘Pues resulta que de acuerdo a las investigaciones no fueron todos los niños, o fue uno, o fueron dos y ustedes agarraron parejo’.
Entonces, díganme en qué condición queda la autoridad educativa que decide algo así. Entonces nosotros somos respetuosos del Sistema Jurídico Mexicano que nos obliga a actuar cuando existe una resolución”, expuso la prensa local.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan José Ríos Estavillo, reconoció que si bien es cierto que los agresores no son sujetos de sanciones penales, ante los derechos humanos sí hay competencia.
“Nosotros tenemos que entrar a identificar estas vertientes, y lo haremos a través del programa de atención a víctimas, y por otro lado, en análisis, la investigación que tenemos que generar que la autoridad de gobierno deslinde, no nada más posibles sanciones administrativas , sino que también se fijen elementos de corrección y elementos que nos garanticen a toda la sociedad que estos hechos no pueden volver a ocurrir, independiente de que todavía no se juzga, es decir, que por una acción de prejuzgamiento sea roto el equilibrio por una conducta cometida por menores de edad”, dijo.
Las autoridades del plantel se negaron a dar su versión de los hechos, argumentando que no tienen pruebas de los hechos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado es jurídicamente incompetente para actuar en el asunto de la menor presuntamente agredida por cuatro niños en el interior de un plantel educativo, reconoció el procurador Marco Antonio Higuera Gómez.
El fiscal precisó que “por situación jurídica no puede la procuraduría intervenir, atendiendo la edad que tienen los menores. Recuerden que la ley de justicia para menores es para sancionar las conductas que realicen menores de 12 a menos de 18 años, y entra la legislación penal para 18 años en adelante.
Entonces, al no estar en los supuestos, la procuraduría hizo lo que la misma Ley de Justicia para Adolescentes establece, y no es un campo de trabajo pero sí hay acciones de atención para proteger a las víctimas y actuar como abogados victimales”.
El interés de la procuraduría, precisó su titular, es atender a la víctima y brindarle la asesoría que se requiera.
Al ser cuestionado ¿si entonces el papel de la procuraduría será el de no intervención? Higuera Gómez dijo que, “de manera procesal, no, porque se está fuera del parámetro de la edad que fijó el legislador”.
Hasta el momento, los señalamientos son de que participaron menores de edad varones en la presunta agresión a una niña. Al ser cuestionado el procurador, si en las investigaciones se ha detectado o se busca saber si participaron adultos o pudieron haber sido adultos los agresores, Higuera Gómez precisó:
“Esa es una situación que va a tomar otro giro, entonces eso lo dejamos a la investigación. Vamos a investigar el asunto a fondo, es lo único que les puedo decir, y las cuestiones civiles le competen a los tribunales civiles, no le compete a la procuraduría”.
Finalmente, el procurador reiteró que actualmente el expediente está en manos del sistema DIF por disposición de la propia Ley de Justicia para Adolescentes.
AMN.MX/fm
