Han documentado de manera directa cerca de 500 casos 1 Informe especial
Francisco Medina / Especial AL Momento Noticias
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de noviembre (Al Momento Noticias).- Del segundo semestre del 2008 a Junio del 2009, Casas, Posadas o Alberges de Migrantes denunciaron un nuevo tipo de violación a los Derechos Humanos de los migrantes: el secuestro y la desaparición, así lo señala el informe “Ausencia de un mecanismo efectivo de búsqueda e investigación en casos de desapariciones forzadas e involuntarias”, presentado por organizaciones no gubernamentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Señala que el abordaje de la desaparición forzada o involuntaria requiere de una voluntad política nacional. Políticas limitadas como la unidad de desaparición presenta respuestas eficientistas sin que se ataque la problemática de fondo. Por lo anterior solicitamos a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que inste al gobierno a: Junto con las familias de personas desaparecidas, sociedad civil, iniciar la real construcción de un mecanismo de búsqueda en vida de las personas desaparecidas.
Las organizaciones firmantes son: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUUNDEC/M), Grupo San Luis de la Paz Justicia y Esperanza, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso, Honduras (COFAMIPRO), Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia A.C. y Humanidad Sin Fronteras A.C.), Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Centro de Derechos Humanos Victoria Díaz, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C., Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundación para la Justicia).
Quienes en el informe refieren que en este periodo, estas organizaciones de trabajo humanitario documentaron testimonios de cerca de 10 mil eventos de secuestros de migrantes que en su tránsito por el territorio mexicano se refugian temporalmente en estas estancias.
En el mismo periodo, indican que los centros de Derechos Humanos de norte y centro del país empezamos a recibir casos de personas residentes en México, desaparecidas, sobre todo en el noreste del país.
“Hemos documentado de manera directa cerca de 500 casos 1 Informe especial sobre los casos de secuestros en contra de migranes del 2007 a finales del 2012”.
A su vez la Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes han documentado directamente con familiares cerca de 344 personas desaparecidas en territorio mexicano originarias de Centroamérica.
En total, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recogió en dos informes, una cifra aproximada de 20,000 secuestros de migrantes en dos periodos de seis meses.
En febrero del 2013, la Secretaría de Gobernación reconoció 26.121 personas desaparecidas, hechos ocurridos durante la administración del presidente Calderón.
En informe reciente del INEGI sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica, con datos del 2012 identifica 4,007 nuevos casos de desaparición.
“Hablamos de 10 casos diarios en promedio, de los cuales sólo se denunciaron 718, asimismo registra 105,682 secuestros con un total de 1,317 denuncias, es decir 290 casos de secuestro diarios”.
Políticas públicas insuficientes para la búsqueda en vida
En junio de este año, se crea la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR. Si bien reconocemos esto como un paso importante para atender la grave tragedia que estamos viviendo, esta dependencia no ha presentado aún su propuesta para el diseño, construcción e implementación de un mecanismo urgente de búsqueda, a la fecha se ha concentrado en atender de manera individualizada la mayoría de los casos que llegan a sus oficinas en el Distrito Federal, no ha logrado presentar a las organizaciones de familias y organizaciones de derechos humanos los componentes de su plan estratégico de búsqueda y localización de todas y todos los desaparecidos, lo cual ponen en riesgo su efectividad y genera duda en las víctimas.
En medida que la Unidad siga con la lógica individualizada de casos y no aborde la problemática social de las desapariciones la posibilidad de que este espacio se agote es muy alto y solamente abonara a la impunidad.
Si bien se ha dado también un primer paso creando una Comisión Forense para tres de las masacres más significativas de migrantes, es preciso abrir el campo para otros casos, pero sobre todo, es necesario no centrarse en identificación de restos, sino en la búsqueda de vida que tanto demandan las familias.
Sabemos que la Procuraduría General de la República está participando en la configuración de un mecanismo regional de búsqueda pero hasta el momento no han sido convocadas las organizaciones de víctimas y la sociedad civil, por lo que de acuerdo al compromiso del Subprocurador de Derechos Humanos, esperamos ser incluidos.
A partir del informe del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, FUNDEM/FUNDEC ha establecido un Grupo Autónomo de Trabajo para el tema de las desapariciones forzadas en Involuntarias con el Gobierno de Coahuila y con colaboración de instancias del gobierno Federal.
Este ejercicio se propone: i) La construcción de un mecanismo de búsqueda en el estado; ii) La construcción de un mecanismo de investigación eficaz; iii) La coordinación interinstitucional entre instancias locales y federales para ambos temas; iv) La creación de un mecanismo eficaz de atención a familiares de víctimas de desaparecidos y v) La implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU.
Es de señalarse que este es un ejercicio inexistente hasta ahora en el país, donde un grupo específico de víctimas, organizaciones de la sociedad civil e instancias del gobierno federal y local, acompañadas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y expertos en el tema, se han unido para conjuntar acciones e implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada.
Sin embargo, este esfuerzo se verá acotado a las posibilidades limitadas de la jurisdicción de un Estado, dado que el problema de las desapariciones es de carácter nacional y regional. Los casos de desaparición superan la realidad local y nacional, por lo que para atacar de manera efectiva se requiere una coordinación nacional y regional.
Aún así, hay entidades de la República Mexicana que incluso se rehúsan a recibir y atender las demandas de las familias víctimas bajo el argumento de que “aquí no desaparecieron”.
En lo que tiene que ver con la búsqueda, desde las organizaciones de la sociedad civil y grupos de víctimas, hemos experimentado que i) se requieren reglas mínimas para que los ministerios públicos tengan mayores claridades sobre los diferentes tipos de conducta que pueden encuadrar en desaparición forzada, de acuerdo a la definición de la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas a fin de que la primera puerta, que es la recepción de la denuncia, pueda ser posible; ii) se requieren normas básicas que establezcan buenas prácticas para el proceso de investigación penal; iii) se requieren reglas básicas de operación al interior de las agencias del ministerio público y de las propias procuradurías para organizar y coordinar las diferentes colaboraciones (ministerio público, policía, peritos, etc.) con miras a hacer más eficiente la investigación, determinar patrones, contextos y modus operandi de quienes intervienen como sujetos activos de la desaparición forzada; iv) se requieren reglas básicas de coordinación entre las diversas procuradurías –tanto del país como de la región-‐ para intercambio de información, facilitar el acceso a la justicia a las víctimas y aprovechar las capacidades locales y federales para las investigaciones; v) tanto los servidores públicos como las víctimas requieren de las claridades anteriores a fin de que exista una claridad sobre las obligaciones de las autoridades y los derechos que pueden ser ejercidos.
Mientras no haya búsqueda y no haya investigación, el estado Mexicano está incumpliendo sus responsabilidades en materia de Derechos Humanos. En lo que tiene que ver con el marco legislativo es necesario un abordaje más integral que permita crear un andamiaje jurídico que garantice el acceso a la justicia y a la verdad a las víctimas, por tanto la tipificación del delito es sólo una parte, también es urgente la aprobación de una Ley General sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, legislar en materia de civil para el reconocimiento a la personalidad jurídica de los desaparecidos (as), crear la figura de Declaración por Desaparición.
AMN.MX/fm
