CIUDAD DE MÉXICO, 3 de julio (Al Momento).- Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobaron con 16 votos favor, cero en contra y una abstención, el dictamen que reforma la Constitución para regular la deuda pública de estados y municipios, que asciende a más de 400 mil millones de pesos.
Al dar su posicionamiento, los diputados de las siete fracciones parlamentarias se pronunciaron a favor del dictamen y reconocieron que se da un importante paso para regular esta situación, que lastima el desarrollo económico y social tanto de ciudadanos, como de los estados.El proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de disciplina financiera de estados y municipios, será presentado ante el pleno del Congreso en el periodo extraordinario que previsto del 16 al 19 de julio.
En su oportunidad, el legislador perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, subrayó que la reforma a cinco artículos de la Constitución Política impedirá el endeudamiento indiscriminado de las entidades federativas y la herencia de compromisos impagables a las nuevas administraciones.
Entre los aspectos más relevantes del dictamen destacan los topes al endeudamiento de los gobiernos locales y la prohibición de contratar cualquier tipo de crédito durante los últimos tres meses de cada administración, así como la atribución de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para formular observaciones en caso de adeudos excesivos.
El proyecto prevé otorgar al Congreso de la Unión la facultad de establecer las bases generales para la contratación de deuda pública, así como los límites y modalidades bajo los cuales podrían los estados y municipios comprometer sus participaciones federales para cubrir obligaciones de pago.
Imponen asimismo la obligación de inscribir y publicar de manera oportuna y transparente la totalidad de su deuda en un registro público único.
Establece también la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan las nuevas disposiciones.
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