En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el representante de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico, dijo que se han recabado más de 42 mil firmas de personas, de 120 países, para instar al ejecutivo mexicano acabe con la impunidad en estos casos.
“El número de víctimas de tortura ha aumentado dramáticamente en el país desde 2006, debido a una política de seguridad pública que ha combatido la violencia del crimen organizado sin tomar acciones efectivas para proteger los derechos humanos”, expresó el representante mediante un comunicado.
Daniel Zapico enfatizó que la impunidad envía un mensaje de que la tortura es una práctica tolerada por las autoridades y, por tanto, pone a más personas en riesgo de sufrirla cada día.
A través de esta petición, decenas de miles de activistas recuerdan a las autoridades mexicanas sus obligaciones y hacen un llamado para que cumplan de forma pronta y efectiva las recomendaciones del Comité contra la Tortura.
Recordó el caso de Miriam López, quien fue torturada por elementos del Ejército en el Estado de Baja California en 2011.
“Miriam ha tenido la valentía de denunciar a sus torturadores, militares que la sometieron a violencia sexual y asfixia entre otros medios de tortura”.
A pesar de la valentía de Miriam, Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada de que la Procuraduría General de la República, luego de 18 meses con una averiguación abierta y una cantidad de pruebas sobre el lugar de los hechos y la identidad de los presuntos responsables, aún no concluye una investigación que permita procesar a los torturadores.
Se recuerda que en noviembre pasado el Comité de la ONU contra la Tortura hizo importantes recomendaciones al Estado mexicano pero hasta el momento no se han implementado de manera efectiva. Es evidente la falta de una política de Estado para combatir este flagelo.
Entre otras medidas, el Comité de la ONU contra la Tortura ha pedido que en México se elimine el arraigo, se garantice que toda persona detenida sea puesta rápidamente a disposición de un juez o Ministerio Público, se rechace como prueba cualquier testimonio obtenido bajo tortura y se investigue de forma inmediata e imparcial toda denuncia de tortura.
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