CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril (Quadratín México).- Las palabras y las nuevas leyes todas suenan muy seductoras sobre todo las reformas para proteger a víctimas de derechos humanos y a periodistas y activistas que defiende las garantías individuales de todos nosotros, pero la realidad es más cruda. Las cifras son decepcionantes cuando nos señalan que durante el principio del sexenio de Enrique Peña Nieto los ataques a la libertad de expresión han aumentado 20 por ciento.
Los datos arrojan realidades desalentadoras para el gremio periodístico y aunque indiquen que el aumento de agresiones y violencia contra comunicadores procede del crimen organizado, cabría citar al respetado y destacado periodista y escritor sinaloense, Javier Valdés, cuando responde “¿cuál es la diferencia?, cuando se le pregunta sobre grupos policiales y sicarios.Pero también es preocupante cuando en entrevista exclusiva con Quadratín México, Iván Alonso Baéz, coordinador jurídico y de protección de Artículo XIX, organismo internacional que se dedica a defender la libertad de expresión y a periodistas en el ejercicio de su profesión, afirma que desde que asumió el poder Peña Nieto, se ha registrado un aumento notable en los casos que lleva la organización en un 20 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.
Y aunque Báez cautelosamente desliga una cosa de la otra, el mensaje es claro: “El año pasado atendimos en Artículo XIX unos 400 casos. En lo que va de este año ya estamos trabajando sobre los 140”.
Un juez federal de Mazatlán fue más elocuente, aunque prefirió el anonimato: “A mí me preocupa muchísimo el hecho de que Peña Nieto haya declarado una sutil ley mordaza que apunta a un totalitarismo que a todos los mexicanos nos debe preocupar”.
Las señales están allí, pero quizá es muy pronto para juzgar y por el momento todos se expresan con mucha discreción, pero con aún mayor esperanza de que las cosas resulten como se dicen y no como parecen.
Empeora la violencia contra comunicadores
Artículo XIX hizo llegar a Quadratín un informe en el que habla de Brasil y México y que empieza así: “Dos países, un continente y un problema que empeora: Violencia y Libertad de Expresión durante el 2012”,
Los hechos son que “siete periodistas fueron asesinados en México como consecuencia de algo que reportaron.
“La violencia en general contra los periodistas y trabajadores de medios de comunicación en México aumentó en más de un 20 por ciento”, denuncia el informe.
“En Brasil es tanto peor, ya que en 2012, 16 periodistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Brasil por haber denunciado algún tipo de irregularidad”, continúa.
“Del informe presentado por artículo XIX 19 se desprende que los gobiernos de México y Brasil son responsables directos de este problema que es cada vez más grave”, advierte.
Y especifica que son “precisamente los agentes del Estado los que están directamente implicados como agresores en un número alarmante de casos”.
Los esfuerzos son escasos y superficiales
Otra situación que debe enfatizarse es el hecho que “encontramos que tanto México como Brasil han dejado de reconocer la verdadera naturaleza del problema y los esfuerzos que han hecho han sido escasos y superficiales”.
El organismo cuya sede es Londres detalló que en México en 2012, “siete periodistas fueron asesinados por atreverse a hablar. Dos periodistas fueron secuestrados y continúan desaparecidos como consecuencia de su trabajo. Se registraron ocho ataques contra edificios de medios de comunicación con armas de fuego o explosivos como reprimenda por algo que habían publicado o transmitido”.
En casi la mitad de los casos, es decir 44 por ciento, de violencia contra la libertad de expresión, funcionarios estatales estuvieron directamente implicados.
Otro dato alarmante es el hecho que en 2012, con respecto al año anterior, la violencia contra periodistas en la Ciudad de México aumentó en un 64 por ciento.
Con el incremento, la Ciudad de México es igual de peligrosa que Veracruz, que en 2011 era considerada la ciudad más peligrosa del país para ejercer el periodismo.
El organismo internacional considera que el aumento de los ataques en contra de la libre expresión hizo que los esfuerzos del gobierno de México para ofrecer protección a los periodistas fueran insuficientes.
Es por eso que cuando hablamos de leyes que en teoría y palabrería parecen buenas, pero en la práctica no funcionan, cabe mencionar que en 2012 fue aprobada la ley que hizo que asesinar a un periodista fuese un delito federal y que todos los casos sean investigados por el Fiscal General.
“Este mecanismo no funcionó”, aseguró Báez y es que “sólo con acciones contundentes para eliminar la impunidad en casos de ataques a la prensa se puede avanzar en la protección de periodistas”.
Báez exhortó al Estado “establecer una política pública preventiva que permita dar seguridad a la prensa ante ataques”.
Pero “no bastan medidas de protección ‘dura’, sino una perspectiva holística que incluye aspectos psicosociales y de vivienda, alimentación, salud y trabajo, especialmente en desplazamientos forzados de periodistas”, agregó el experto en derechos humanos y libertad de expresión.
Para Báez, “un periodista asesinado es una cobertura asesinada; un periodista desaparecido es una noticia desaparecida, y un periodista desplazado es una cobertura desplazada”.
“La conclusión es la derrota de la libertad de prensa”, dijo.
Sin libertad de expresión no hay democracia
Es un hecho que sin libertad de expresión no hay democracia. Un Estado no puede congratularse por la modernización de su política, si no hay respeto a los derechos humanos, por lo que es indispensable que el Estado cumpla todas las recomendaciones internacionales sobre el derecho humano de libertad de expresión.
Tampoco se puede seguir responsabilizando a otros, por lo que uno es culpable y en este sentido ya no se le puede creer a las autoridades mexicanas cuando aseguran que el crimen organizado es el culpable de la violencia contra periodistas en el país.
“Nuestra investigación muestra, sin embargo, que son los agentes del Estado los responsables de la escalada de violencia contra el ejercicio de la libertad de expresión”, indicó Artículo XIX.
Los números no mienten
Los números no mienten, ya que el 44 por ciento de los casos contra el ejercicio de la libertad de expresión son adjudicados al Estado, mientras que solamente el 14 por ciento pertenece a bandas criminales.
De unos 400 casos en 2012, 2017 fueron ataques violentos contra periodistas.
Además de los siete asesinatos, se registraron dos desapariciones, 11 secuestros, 98 ataques físicos, nueve detenciones ilegales, 14 desplazamientos forzosos, 28 amenazas directas, 31 amenazas e intimidaciones indirectas, y siete casos más.
Los ataques a los medios y a los periodistas tienen como consecuencia que en varias partes del país se han generado “agujeros negros” de información, vacíos informativos de interés general de la población.
Por último, Artículo XIX exigió al presidente Enrique Peña Nieto que apoye al Fiscal Especial de Atención a Crímenes contra Periodistas de la PGR con mayor autonomía para que trabaje con mayor transparencia y para que se le otorguen más fondos para que pueda hacer su trabajo con mayor efectividad.
QMX/oab
