No hay delito que perseguir, concluye la dependencia federal
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de agosto (Al Momento Noticias).- El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de un presunto conflicto de intereses con la constructora Higa por la compra de casas en Ixtapan de la Sal y Malinalco, respectivamente.
En conferencia de prensa que duró dos horas y media, Andrade Palacios concluyó que “no existieron violaciones a las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos tanto de Peña Nieto como de Videgaray”.
“Se determinó que no existe conflicto de interés ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden, ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el gobierno federal y diversas empresas involucradas en la investigación”, puntualizó.
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) detalló que se investigaron todas las empresas relacionadas con Juan Armando Hinojosa y Ricardo Arturo San Román. Señaló que en conjunto en las diversas empresas en que ambos participan como accionistas o miembros de su consejo de administración identificaron 33 contratos, 13 por adquisiciones de bienes y servicios y 20 por obra pública con un monto de mil 600 millones de pesos.
Las empresas donde Hinojosa es accionista son Constructora Teya, con 3 contratos públicos, Concretos y Obra Civil del Pacífico, con 6 contratos, Eolo Plus, con 11 contratos, y Publicidad y Artículos Creativos, con 2 contratos.
Constructora Teya también fue considerada por estar en un consorcio con otras empresas con el que participó en una licitación pública para el tren México-Querétaro.
Al desglosar las tres investigaciones que forman parte de un expediente de 6 mil fojas, se refirió en primer término a la denominada “Casa Blanca”, misma que fue adquirida por Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, el 12 de enero de 2012, ubicada en Sierra Gorda 150.
Indicó que se pactó un precio de 54 millones de pesos que se iban a pagar en plazos según el acuerdo entre Rivera e Ingeniería Inmobiliaria del Centro. En cuanto a los primeros tres años, señaló que Rivera pagó 14 millones de pesos que, de acuerdo con el contrato, se estableció que correspondían en primer término al pago de interés.
Según la indagatoria, Rivera de Peña expidió 36 cheques a la citada inmobiliaria hasta el año 2015 provenientes de su cuenta personal.
Virgilio Andrade mencionó, que entre otros ingresos reportados por la esposa del presidente destacan el finiquito de la relación contractual con Televisa Talento en junio de 2010, mediante el cual se acordó pagar 88.6 millones de pesos.
Refirió que se tienen acreditados el pago e impuestos, el depósito de la empresa Televisa y que de esa cuenta personal salieron los pagos para la liquidación de la casa.
El titular de la SFP señaló que en diciembre de 2014 ambas partes acordaron dar por concluido el contrato y establecieron un acuerdo mediante el cual la señora Rivera pagaría 10.5 millones de pesos como concepto de arrendamiento y que le fueron devueltos los 14 millones que habría pagado como parte del contrato original.
Al justificar la exoneración de conflicto de interés del presidente Peña Nieto en este caso, explicó que se investigó la conducta de Angélica Rivera en su carácter de particular por estar casada con un servidor público, lo que permitió concluir que el presidente de la República no incurrió en violación de las obligaciones de la ley correspondiente ya que se comprobó la legal existencia del contrato de compra-venta con reserva de domino de la casa de Sierra Gorda, “el cual fue celebrado antes de que asumiera su carácter como servidor público federal el señor Enrique Peña Nieto”.
Se comprobó también el pago de las obligaciones derivadas de dicho contrato hasta que se dio por terminado de forma anticipada en diciembre pasado. Se acreditó que con motivo del inicio del encargo de Peña Nieto como presidente de la República no hubo modificación alguna a los términos originales del contrato de compra-venta con reserva de dominio que implicara condiciones favorables derivadas del carácter de esposa y servidor público.
Señaló que comparecieron de manera oral o por escrito 111 funcionarios de gobierno involucrados en la entrega de contratos de las empresas de los particulares mencionados, y que acreditaron no haber sido presionados de forma alguna en la asignación de dichos contratos.
Por lo que hace al caso de Videgaray, se informa que el 10 de octubre de 2012 celebró con la empresa bienes raíces HIC un contrato de compra-venta de una casa de club de golf en Malinalco a un precio de 7.5 millones de pesos con interés anual de 5.31 por ciento. El funcionario mencionó que se acreditó que el contrato ha sido liquidado ya, a pesar de que estaba pactado a 18 años, pues Videgaray cubrió anticipadamente los adeudos en algún caso incluso con obras de arte valuadas en 1.8 millones de pesos.
Dijo que de las investigaciones realizadas se desprendió que Videgaray no incurrió en conflicto de interés alguno.
El funcionario federal indicó que a fin de que pueda ser verificado por cualquier persona, se determinó que el expediente no será asignado a un conjunto de expertos como originalmente había propuesto el presidente a Andrade y se difundirá a través de la página de internet de la Secretaría de la Función Pública.
El funcionario federal señaló además que cuatro empresas vinculadas a Grupo Higo tienen 22 contratos con la administración federal lo que representa 0.17% del total de contratos.
AMN.MX/bhr
