CIUDAD DE MÉXICO, 11 de mayo .- Pablo Wallentin, directivo de la constructora española OHL, presentó su renuncia a la empresa luego de que se dieran a conocer grabaciones sobre presuntas malas prácticas en la subida al precio del peaje del Viaducto Bicentenario.
En un comunicado, la empresa afirma que derivado de las grabaciones difundidas, el Consejo de Administración de OHL México sostuvo hoy una sesión extraordinaria en la que instruyó a denunciar los hechos para determinar el origen de las grabaciones y los responsables.
“Asimismo, el Consejo acordó aceptar la renuncia voluntaria de Pablo Wallentin como directivo de la compañía, a fin de no entorpecer las investigaciones y/o dañar más la imagen de la sociedad con motivo de la invitación a un funcionario del estado de México”, apuntó.
Wallentin también solicitó abandonar el cargo de consejero suplente en las empresas filiales de la sociedad, lo que se producirá con carácter inmediato
Además, abundó, el Consejo ha hecho suyas una serie de recomendaciones del Comité de Auditoría de la Sociedad para reforzar la transparencia corporativa y dar mayor seguridad y confianza a inversionistas y público en general.
En ese sentido, determinó iniciar una investigación de las operaciones y contratos de la Sociedad relacionadas con la obtención, actualización, y en su caso, la modificación de las concesiones en el estado de México, iniciando con la concesión del Viaducto Bicentenario.
OHL México dijo que comunicará al mercado, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, todas las decisiones que adopte relacionadas con los puntos anteriores en aras de una mayor transparencia con el mercado.
La semana pasada, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, ordenó una investigación profunda de los contratos realizados entre el Gobierno del Estado de México con la empresa OHL México, que edificó el Viaducto Bicentenario.
Ávila Villegas giró instrucciones para que Alejandro Hinojosa, titular de la Secretaría de la Contraloría local, convoque a consultores reconocidos como Price Waterhouse Coopers, así como especialistas de Transparencia Mexicana, y funcionarios de la Secretaría de la Función Pública federal y el Órgano Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados, para que conformen un equipo de trabajo que audite los contratos relacionados con la concesión del Viaducto Bicentenario.
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