CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril .- Con el objeto de homologar las leyes en toda la República y que el Congreso de la Unión cuente con las facultades para expedir Leyes Generales que establezcan los tipos penales y las sanciones en materia de desaparición forzada de personas y tortura, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para reformar la Constitución.
Para la Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, la reforma aprobada por el Senado, representa un importante avance en la protección de los derechos humanos en nuestro país; “constituye sin duda un avance más del Estado Mexicano en la dirección correcta para acabar con este flagelo que tanto ha lastimado a miles de familias, que hoy continúan a la espera de respuestas eficaces y que sin duda son, para una servidora, la motivación más fuerte para legislar en el combate a estos graves delitos”.
En su exposición de motivos, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda señalan que México ha ratificado diversas convenciones internacionales relacionadas con la desaparición forzada, entre las que se encuentran la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En estos instrumentos, se considera que las políticas públicas diseñadas para su tratamiento deben ser prioritarias y de carácter urgente.
La desaparición forzada de personas es un delito que puede ser cometido tanto por autoridades gubernamentales de cualquier nivel como por personas o grupos de personas que actúen en nombre, con autorización o con apoyo del Estado.
Por lo que hace a la tortura, la Constitución mexicana prohíbe y ordena expresamente la sanción de toda incomunicación, intimidación, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos y tormentos de cualquier especie.
Desde su creación en 1980, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, ha transmitido a los gobiernos más de 50 mil casos.
En 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 63 mil 629 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales en relación con personas desaparecidas y a febrero de 2015, se han presentado 418 denuncias sobre personas extraviadas o desaparecidas ante alguna autoridad federal, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
