CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril .- La Secretaría de la Función Pública puso en marcha cuatro de las ocho medidas ordenadas por el presidente Enrique Peña Nieto para prevenir la corrupción y evitar conflictos de interés.
Entre las medidas que la dependencia lanzó se encuentran las referentes a la declaración patrimonial del presidente de la República, secretarios de Estado, Procuradora General de la República, el Consejero Jurídico, titulares de entidades paraestatales y de órganos desconcentrados que deberán presentar a partir del 1 de mayo.
Así, más de 206 mil servidores públicos más, pertenecientes a 350 instituciones de la Administración Pública Federal deberán reportar el nombre del último vendedor de los inmuebles que declaren, lo que también aplicará en su caso, al cónyuge o dependientes económicos de los funcionarios.
El formato para realizar dicha declaración fue publicado este miércoles en el Diario Oficial.
Los funcionarios deberán también informar sobre participaciones económicas o financieras, así como aquellos convenios, contratos, compromisos o acuerdos que tengan valor económico presente o futuro.
También se creó el Registro de Servidores Públicos que intervienen en contrataciones que se difundirá a través de un portal electrónico.
Otra medida aplicada fue la actualización del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, referente a personas físicas y morales sancionadas por la Secretaría y por los Órganos Internos de Control.
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