CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril (Al Momento Noticias).- El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez, urgió a mejorar el sistema de impartición de justicia en México para atacar el problema de la impunidad.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, realizado por la UDLAP y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, de 59 países miembros de la ONU (de 193) de los que se pudo obtener información relacionada con la seguridad, la justicia y derechos humanos, México ocupa el segundo lugar en el índice de impunidad.
Al presentar el IGI, el ex secretario de Relaciones Exteriores dijo que mientras el promedio de jueces en los países es de 17 juzgadores por cada cien mil habitantes, México cuenta solo con cuatro jueces por cada cien mil habitantes.
Se mencionó que por cada cien mil habitantes los países que tienen más jueces son Bulgaria con 57, Eslovenia 48, Croacia 45 y Montenegro 42.
Acompañado por el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Puebla, Andrea Ambrogi; y los coordinadores del IGI, Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara; el Rector de la UDLAP sostuvo que por mucho tiempo se ha pensado que el problema en los países es la corrupción, cuando la realidad es que la impunidad es el pilar de los problemas que los aquejan.
Asimismo señaló que los países con mayor impunidad son Filipinas, México, Colombia, la Federación de Rusia y Turquía, que además tienen problemas estructurales en seguridad e impartición de justicia.
En contraste, los países con el menor Índice Global de Impunidad son Croacia con 27.5 %, Eslovenia 28.2%, República Checa 34.8%, Montenegro 34.9% y Bulgaria 37.5%. En estas naciones se observó que además de contar con una capacidad estructural en sus instituciones de seguridad y justicia, se respetan los derechos humanos.
Los especialistas detallaron que la seguridad, el sistema de justicia y el nivel de respeto a los derechos humanos, tales como los desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y el número de personas torturadas o encarceladas —incluso por razones políticas— son indicadores claves para medir la impunidad en un país.
Precisaron que el Índice es una investigación basada en datos oficiales y no en percepción.
Para la construcción de este índice se siguió la trayectoria del delito al castigo. Es decir, desde el registro del crimen por parte de la policía y la investigación, los procesados y condenados, hasta el sistema penal.
Todo este proceso está vinculado a la disponibilidad de recursos físicos y humanos en los sistemas de seguridad y justicia, puesto que ante la falta de éstos la probabilidad de que exista mayor impunidad incrementa.
En total se construyeron 14 indicadores potenciales y transversales medibles por el grupo de expertos nacionales e internacionales, entre ellos: cuántos policías y jueces hay en el país por cada 100 mil habitantes; cuantifica la capacidad de los penales y el número de personas por reclusorios e internos, lo mismo que el porcentaje de personas encarceladas sin sentencia o la proporción de quienes tienen sentencias de más de 20 años.
En el caso de México se menciona que a pesar de suscribir leyes y cláusulas contra la corrupción, no se han logrado implementar las políticas para su erradicación. Esto es, que si se combatiera el problema de la impunidad, se podría reducir la corrupción en sus diferentes niveles de gobierno.
Señala que uno de los temas indispensables al hablar de impunidad es el respeto a los derechos humanos, “ya que es el propio Estado el que viola las normas y generalmente estas acciones quedan sin sanción”.
Al hablar de dimensión estructural el índice se refiere a la capacidad del Estado para castigar a aquellos que infringen la ley y dimensión funcional se refiere a los resultados sociales que, efectivamente, arroja el funcionamiento y acomodo institucional de cada país.
“En este documento se presenta una propuesta de medición de impunidad, mediante un índice que refleje la situación real, más que una percepción o medición cualitativa. Para ello se hace uso de la información sobre delitos y el sistema judicial a nivel país, la cual nos permitirá, además de hacer una comparación entre países, identificar obstáculos y requerimientos de información para construir indicadores de impunidad a nivel internacional”, se lee en un avance sobre este estudio.
AMN.MX/bhr
