La discusión se llevó a cabo durante la madrugada
CIUDAD DE MÉXICO, 19 de febrero (Al Momento Noticias).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró al PRI de haber incurrido en un financiamiento paralelo con recursos ilícitos o en la compra o coacción del voto con los denominados monederos Monex durante las elecciones presidenciales de 2012, y solo ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar el destino de 6.8 millones de pesos que clasificó como gastos ordinarios.
Dos años después de que los partidos Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano impugnaran la resolución del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) que exculpó al tricolor y a su candidato, el ahora presidente Enrique Peña Nieto de haber cometido dichas faltas, los siete magistrados requirieron una hora 50 minutos para confirmar esta decisión de manera unánime.
Al filo de las dos de la madrugada, los magistrados comenzaron a discutir el caso Monex con las palabras de disculpa del magistrado Constancio Carrasco “por la hora”.
Sobre los dos años transcurridos que suscitaron críticas de partidos y consejeros electorales, el presidente del tribunal, Alejandro Luna Ramos, intentó justificarse: “No se trata de una demora, lo dejo muy claro, es el resultado de un análisis exhaustivo de los agravios hechos valer y una revisión de las pruebas presentadas que han llevado a esta resolución”.
En su dictamen el Pleno de la Sala Superior validó el esquema de contratación que el PRI realizó con la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. para el pago del personal de dicho instituto político, así como de sus coordinadores territoriales, representantes generales, enlaces distritales y estatales, durante el proceso electoral federal de la pasada elección presidencial.
También confirmó que los gastos erogados por dicho partido a través de las tarjetas Monex deben ser contabilizados como gastos de campaña.
Los magistrados acordaron que el INE debe reponer únicamente la investigación relacionada al tipo de gasto que representan los 6 millones 809 mil 718 pesos erogados por el PRI en fecha posterior a la jornada comicial, a través de las tarjetas Monex Recompensa.
En el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia de Carrasco, se estableció que el INE definió correctamente que 50 millones 408 mil 891 pesos correspondieron al gasto de campañas electorales federales, pero los otros 6.8 millones de pesos fueron considerados como un gasto ordinario sin otra fundamentación que la de la fecha en que se realizó, posterior a la jornada electoral de julio de 2012.
El magistrado Flavio Galván Rivera sostuvo que los informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Unidad de Fiscalización del entonces IFE, permiten acreditar que los 66 millones de pesos tuvieron un origen y un destino lícito, ya que se utilizaron para pagar los servicios del personal contratado durante el proceso electoral.
Mientras Pedro Esteban Penagos López explicó que no existen elementos que permitan establecer la existencia del fondeo de recursos o financiamiento paralelo a la campaña de la coalición “Compromiso por México”, ni se demuestra la compra y coacción de voto.
No queda ninguna duda, expuso, que el origen del dinero es claro, producto de la celebración de un contrato por parte de la empresa Alquino y el PRI, ya que los institutos políticos no tienen ninguna limitación para celebrar contratos.
A su vez, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa votó a favor del proyecto en virtud de que propone modificar la resolución del INE, con la finalidad de que realice una nueva investigación en la que se esclarezca el destino de 7 millones de pesos que aparecen como erogados de la cuenta en la que se depositaron los recursos provenientes del contrato de mutuo con intereses, de conformidad con el informe presentado por la CNBV, a solicitud de la autoridad electoral.
En su oportunidad, el magistrado Manuel González Oropeza destacó la importancia de la sentencia ya que permitirá conocer cuál fue el destino de 7 millones de pesos que el entonces IFE, automáticamente y sin justificación alguna, cargó a los gastos de campaña del PRI, sin que estuvieran plenamente identificados con este tipo de recursos.
El magistrado Flavio Galván Rivera desatacó que la resolución se modifica para que el INE explique el destino de esos 7 millones de pesos.
En tanto, el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar dijo que la integración de este proyecto se realizó durante más de un año, debido al alto grado de complejidad que implica la revisión de los documentos y los elementos probatorios, ya que es necesario garantizar a la ciudadanía una resolución bien fundamentada.
AMN.MX/bhr
