Juan Daniel López y Lawrence Maxwell, quienes fueron detenidos el pasado 20 de noviembre por parte de la policía de manera arbitraria durante el desalojo en el Zócalo después de la manifestación por el caso Ayotzinapa y que fueron liberados el pasado sábado por falta de pruebas, ofrecieron una conferencia de prensa para narrar la forma en que fueron detenidos y golpeados por policías federales y capitalinos, de igual manera refirieron como fueron torturados física y psicológicamente en los traslados a la SEIDO y al penal de Villa Aldama, Veracruz. Durante la conferencia fueron acompañados por los abogados Karla Michel Salas, David Peña y Armando Barrera, quienes hablaron sobre las acciones penales del caso. Foto: Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO, 02 de diciembre (Al Momento Noticias).- La liberación absoluta de los 11 detenidos el pasado 20 de noviembre en la manifestación del Zócalo capitalino es una prueba más del dolo con el que actuó la Procuraduría General de la República, que sólo presentó “pruebas incorrectas e inoportunas” para fabricar culpables, explicó Armando Barrera, abogado defensor de Laurence Maxwell Llabaca y Juan Daniel López Ávila, dos de las 11 personas implicadas en este caso.
Con todo el dolo, explicó Barrera en entrevista, la Procuraduría fabricó pruebas para castigar de manera ejemplar a los manifestantes de la marcha #20NovMX, convocada para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas secuestrados por policías municipales a un costado de un cuartel del Ejército Mexicano.
“Presentaron informes del 2011 y trataron de vincularlos con grupos de anarquistas. Es decir, pruebas inconducentes, innecesarias e inoportunas para acreditar lo que ellos decían”, detalló el litigante.
En otros casos, dijo, hubo falta de pruebas. “No presentaron ningún certificado médico para acreditar la tentativa de homicidio”, indicó Barrera, quien trabaja con Cauce Ciudadano, asociación civil que en los últimos años se ha dedicado a defender los derechos humanos de las personas que son detenidas ilegalmente.
En contraparte, mencionó, “nosotros aportamos videos, testimonios y fotografías que demostraron que los 11 manifestantes no participaron en ningún acto violento. De hecho, fueron ubicados en lugares y tiempos totalmente distintos, y, contrario a lo que habían dicho policías federales, aprehendidos por distintas corporaciones policiales.
“La sentencia hace un estudio minucioso de todas las pruebas aportadas, da una supremacía inusual al beneficio de la presunción de inocencia que tienen los procesados y en este sentido lo saca avante. El juez dijo: ‘Tú, PGR, me consignas por esto y me presentas estas pruebas. Lo que tú haces en estos dos momentos no tiene relación absoluta. Por esto, junto con las pruebas que presentan las defensas, tengo que otorgarles la libertad absoluta’.
“Así que el caso de los 11 detenidos ya fue aclarado ante el juez y la Procuraduría General de Justicia no acreditó culpabilidad absolutamente en ninguno de los casos y en ese sentido son libres de polvo y paja”, expresó Barrera.
Mencionó que ahora, libres de cualquier acusación, los ahora exonerados podrían (aunque eso ya dependerá de ellos) tomar la decisión de iniciar un proceso para buscar la reparación del daño que les causó el Estado, así como una garantía de que esto no volverá ocurrir.
Respecto a los actos de violencia que algunos manifestantes radicales han hecho en las últimas manifestaciones, Barrera aclaró que ellos no están por la impunidad, sino por la defensa de los derechos humanos.
“Si nosotros vemos con pruebas que una persona es totalmente inocente en lo que se le acusa, tenemos que defenderlo. En cambio, si nosotros vemos que hay alguien acusado sobre el cual pesan pruebas muy específicas en algún delito, nosotros no lo defendemos. No estamos para solapar, sino para acompañar a gente que está siendo violada en sus derechos humanos”, finalizó.
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