(Foto Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de noviembre (Al Momento Noticias).- Por falta de elementos para procesarlos, las 11 personas que fueron enviadas a cárceles federales tras la marcha del pasado 20 de noviembre, acusadas de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio, fueron absueltas de los cargos en su contra y serán liberadas este mismo sábado.
“El juez ordenó su libertad por falta de elementos para procesarlos, pues los que dio la Procuraduría General de la República no fueron suficientes”, informó la presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Karla Micheel Salas.
“Las organizaciones que trabajamos en la defensa de los acusados, entre ellas la Oficina de Defensa de los Derechos de la Infancia y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hemos coincidido en que después de esta resolución importante, deben renunciar el procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Seguridad Pública capitalino, Jesús Rodríguez Almeida”, subrayó.
Cabe señalar que de acuerdo con el expediente de la PGR, el Ministerio Público de la Federación concluyó que los 11 detenidos durante los disturbios del 20 de noviembre en el Zócalo planearon “privar de la vida” a un elemento de la Policía Federal, quien fue golpeado y amenazado de muerte durante este operativo.
La PGR determinó imputar el delito de homicidio en grado de tentativa contra estas personas, quienes fueron identificadas por cinco elementos de esta corporación como las responsables de agredir en flagrancia al policía segundo Jorge Antonio Juárez Mauro.
De acuerdo con el documento PGR/SEIDO/UEITA/194/2014, afirmó que los detenidos no lograron consumar “el acto delictivo” (homicidio), debido a “la oportuna y decidida intervención de los elementos policiacos”.
“Al menos 11 personas planearon privar de la vida a una persona, realizando parcialmente todos los actos de ejecución (acción) el 20 de noviembre de 2014, para concretar lo que habían planeado, es decir, privar de la vida al elemento de la Policía Federal.
“El hecho de que el policía, al momento de recibir los golpes en la cabeza con los palos hasta quitarle su casco de protección, y no obstante, al observar dicha situación, y una vez que comienzan a gritar ‘maten a este perro’, los inculpados toman la decisión de continuar golpeándolo con los palos en la cabeza… los imputados tenían el pleno conocimiento de que un golpe en la cabeza provocaría la muerte de dicho servidor público”, explica el documento.
En el informe policial PF/DI/COE/2735/2014, que ratificaron ante el agente del Ministerio Público de la Federación, los uniformados señalaron a Roberto César Jasso del Ángel, uno de los consignados, como el líder e incitador de esta agresión de un grupo entre “16 y 18 sujetos”.
“Jorge Antonio Juárez Mauro fue jalado de manera violenta por una persona de la que ahora saben responde al nombre de Roberto César Jasso del Ángel, al mismo tiempo que se unieron a la agresión un aproximado de 16 a 18 sujetos, manifestándoles éste ‘vamos a matar a este pin… perro, que se lo cargue la ver…
“Por lo que se le van encima pegándole con un palo en la cabeza sobre el casco, hasta que por los golpes el casco se le cayó, empezándolo a golpear con los puños y palos, tirando patadas en su cara y cuerpo”, detalla.
Según esta averiguación previa integrada en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, la representación social federal consideró que, debido a sus declaraciones, los inculpados confiesan parte de su responsabilidad.
“En ese contexto, la declaración de los indiciados de referencia constituye una confesión calificada divisible, en virtud que éstos aceptan el hecho delictivo que se les perjudica, en cuanto se ubican en la circunstancias de modo, tiempo y lugar de su detención.
“De tal manera que éstas no pueden desvincularse del hecho primeramente aceptado, sin variar su esencia, como lo es haber determinado, acordado y planeado la privación de la vida del elemento de la Policía Federal Jorge Antonio Juárez Mauro”, puntualiza.
El MP argumentó que, de acuerdo con estas pruebas, se constató que “de manera indudable eran los mismos (los detenidos) que se encontraban en el lugar de los hechos tratando de privar de la vida a Jorge Antonio Juárez Mauro”
Incluso, la representación social federal dio validez a las declaraciones de los cinco federales, quienes señalaron a los 11, por lo que les fue imputado el delito de homicidio en grado de tentativa, entre otros.
Organizaciones pro derechos humanos manifestaron que el decálogo presentado por el gobierno no garantiza el derecho a protestar sin detenciones arbitrarias como las del 20 de noviembre.
“No podemos esperar a que haya tanta crisis en materia de derechos humanos para dar una respuesta y que ésta sean leyes”, dijo Mónica Oehler, representante de Amnistía Internacional México.
Exigieron dar a conocer la manera en que aplicarán esas leyes y señalaron que observarán su desarrollo, cómo funcionan, ya que no se consideró la inclusión de niños, niñas y adolescentes.
AMN.MX/fm
