CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre (Al Momento Noticias).- Los defensores de los 11 detenidos tras los disturbios del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino, acusaron que la Procuraduría General de la República (PGR) envió a sus clientes a prisión sin evidencias; las detenciones se dieron de forma arbitraria, ellos fueron presuntamente víctimas de tortura y tratos crueles e inhumanos, entre otras irregularidades, por lo que exigieron una investigación de los hechos.
{youtube}5kxyDV8kWCI{/youtube}
La defensa y los familiares de los detenidos se abocaron a conseguir videos y fotografías, con las que pretenden demostrar la inocencia de los jóvenes, quienes tienen hasta el próximo sábado 29 de noviembre para aportar pruebas de descargo, ya que el juez 17 de distrito en Veracruz, resolverá a más tardar ese día si dicta auto de formal prisión o libertad por los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.
La víspera, el Juzgado 17 de Distrito en Veracruz tomó declaración a los 11 detenidos y les negó la libertad bajo fianza por considerar que cometieron un delito grave: homicidio en grado de tentativa en agravio.
De acuerdo con los testimonios rendidos por los estudiantes a visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que indaga lo ocurrido el pasado 20 de noviembre, las 11 personas recluidas en los penales federales femenil número 4 de Tepic, Nayarit, y el número 5 de Villa Aldama, Veracruz, aseguraron que sus detenciones fueron arbitrarias.
Coincidieron en que los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) los golpearon al momento de su detención, y posteriormente fueron entregados a la Policía Federal en las inmediaciones del Zócalo capitalino.
Los detenidos aseguran que hubo violencia por parte de la policía capitalina. Tal es el caso, por ejemplo, de Hillary Anahí González, quien cayó al momento en que comenzó la persecución de los uniformados y éstos en medio de insultos la patearon para posteriormente detenerla.
Sin embargo, fuentes ministeriales sostuvieron que la PGR cuenta con las pruebas necesarias para respaldar la acusación que les imputa.
Videos y testimonios de policías que resultaron lesionados, son las pruebas con las que cuenta la PGR para sostener su acusación y consignarlos luego de los actos violentos, indicaron las autoridades consultadas.
Para los familiares y defensa de los ocho hombres que se encuentran ya en el penal federal de Villa Aldama, Veracruz; y las tres mujeres que fueron enviadas al penal federal de Tepic, Nayarit, no hay pruebas que sirvan al juez para que sigan un proceso penal.
Sostuvieron que durante su traslado del Zócalo capitalino a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), los detenidos fueron torturados.
“Tenemos videos tomados por civiles que estaban en la manifestación del 20 de noviembre en los que se ve cómo la policía agarró a gente que no estaba causando desmanes y por el simple hecho de estar ahí, en una manifestación pacífica, fue detenida”, puntualizó un familiar.
Entre esos videos que utilizará la defensa para comprobar su inocencia, aparece el señor Luis Carlos Pichardo, de 55 años de edad, en el que se observa que porta una cartulina manifestándose por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, comentó Luis Carlos hijo.
“Fueron detenciones arbitrarias, mi padre fue a protestar como muchos ciudadanos y resulta que ahora lo culpan de algo que no cometió. Mi padre no es delincuente”, enfatizó.
Ayer se les tomó la declaración preparatoria y se les notificó que no alcanzan su libertad bajo fianza.
Autoridades pretender probar que los 11 detenidos pertenecen a un mismo grupo
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la Oficina de Defensora de los Derechos de la Infancia (ODI), quienes asumieron parte de la defensa, reiteraron que los detenidos presentan “signos de violencia física, por lo que pidieron que se aplique el Protocolo de Estambul, el instrumento que permite detectar a víctimas de tortura; además de que se les negó el derecho a la adecuada defensa.
Las autoridades pretenden probar que los 11 detenidos por los hechos violentos en el Zócalo el 20 de noviembre son parte de un mismo grupo, aunque está claro que se conocieron tras la detención, afirmó Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
En entrevista radiofónica, Jiménez, quien defiende a cinco de los 11 detenidos, afirmó que “se nota que se conocieron cuando ya estaban en el autobús, o en la SEIDO o en el traslado a Xalapa”, donde está el penal al que fueron trasladados.
Dijo que para demostrar el vínculo entre los 11, en el expediente del caso “hacen como una investigación enciclopédica de los grupos terroristas y anarquistas que están operando en México y Latinoamérica”, pero sin relacionar a alguno de los detenidos con estos grupos.
Además, “usan fotos que les tomaron después de haberlos detenido y con las fotos, viéndolas, la policía hace la identificación”.
Jiménez sostuvo que las acusaciones tienen “una pobreza en la argumentación fáctica, en la forma en que relatan los hechos y los conectan supuestamente uno con otro”.
Dijo que “la argumentación jurídica es forzada, el Ministerio Público en lugar de argumentar y esclarecer los hechos, toma un tipo penal e intenta forzar todos los hechos para que encajen”.
Alejandro Jiménez es abogado de Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila y Luis Carlos Pichardo Moreno.
Abogados buscan eliminar el cargo de tentativa de homicidio
A su vez, David Peña, otro de los defensores de los jóvenes detenidos en el Zócalo indicó que buscarán que les sea retirado el cargo de tentativa de homicidio, que es el más grave, para que puedan alcanzar su libertad bajo fianza.
“Una de las valoraciones y argumentaciones que estamos haciendo es desvirtuar los delitos que se les están imputando, desvirtuar el de tentativa de homicidio, que es el más grave para que ellos, en su momento, puedan alcanzar su libertad aun cuando fueran sujetados a proceso”, dijo Peña.
En entrevista, el litigante consideró que los elementos con los que la PGR acusa a sus clientes son débiles en términos jurídicos y de análisis judicial, “incluso algunos no tienen que ver con los hechos, son de contexto y análisis político”.
Dijo que entre estos elementos se encuentra el de que las detenciones en el Zócalo fueron hechas por policías federales, de acuerdo con las autoridades, pero que en videos y otras evidencias muestran que fue por parte de granaderos de la SSPDF.
Cuestionado sobre si sus clientes participaron en los disturbios, David Peña dijo que no se ha logrado identificar a ninguno en una agresión directa contra los policías.
Entre las pruebas que aportarán serán videos y testimonios, además de demostrar que fueron detenciones arbitrarias y con uso excesivo de la fuerza.
La situación jurídica de los 11 jóvenes, entre ellos un chileno, se definirá el sábado, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del término constitucional para ofrecer pruebas de descargo que les permita recuperar su libertad.
{youtube}m-qxRROHNyw{/youtube}
Dos abogados asumen defensa del chileno Lawrence Maxwell Ilabaca
En tanto, dos nuevos abogados tomarán la defensa del estudiante chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, anunció su familia.
Dennis Maxwell, hermano de Lawrence, dijo vía telefónica que este lunes deberían quedar acreditados ante el juzgado que lleva el caso Karla Michel Salas y Miguel Peña, miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes fueron designados por la familia.
“Ya hay un grupo de abogados que están tomando en particular el caso de mi hermano y esto está en un momento de transición. Supuestamente hoy se iba a hacer la acreditación”, dijo Dennis, quien llegó este lunes al estado de Veracruz para acompañar a su hermano durante el proceso judicial que enfrenta.
Lawrence Maxwell, de 47 años, es uno de los detenidos por la policía mexicana que están acusados de agredir a agentes al término de la protesta del jueves en el Zócalo, por lo que fueron enviados a cárceles de máxima seguridad en Nayarit y Veracruz.
Según familiares y amigos, la detención de Lawrence fue arbitraria, pues afirman que él no participó en la protesta y fue arrestado cuando recién llegaba a la periferia del Zócalo en su bicicleta.
El estudiante de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue trasladado el sábado a un centro penitenciario de máxima seguridad en Xalapa, Veracruz, acusado de tentativa de homicidio, asociación delictiva y motín, y se le asignó un abogado de oficio que llevaba el caso.
Dennis visitó a su hermano la tarde de este lunes en el centro penitenciario conocido como “El Perote” y afirmó que se encuentra “bien y tranquilo” de que las acusaciones en su contra “se van a resolver a su favor”.
Aunque no quiso dar detalles del trato que Lawrence tuvo por parte de los policías, Dennis expresó que, según lo que conversaron, “todo el proceso fue intimidante” pero que por ahora no presenta “cosas visibles físicamente”.
Afirmó que lo único que la familia pide es que se lleve a cabo “un proceso transparente y justo”.
“Esperamos que la justicia en México funcione como debería funcionar. Si el juez hace un trabajo sensato y pone atención a todas las pruebas que hay y a la forma en que se llevó a cabo el arresto, (Lawrence) debería salir libre”, manifestó.
La detención del chileno ha generado movilizaciones de la familia y sus amigos tanto en México como en Chile, así como la intervención de las cancillerías de ambos países.
Dennis no descarta que la familia busque entrevistarse con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pues enfrentan lo que definió como una “situación injusta” que los ha llevado a buscar el apoyo de “las figuras de poder (para) que participen en la defensa” y ayuden a salvaguardar la integridad de Lawrence.
Reciben autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas a familiares de detenidos
El director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Fernando Castañeda Sabido, se reunió con la madre de Tania Ivonne Damián Rojas y la tía de Hugo Bautista Hernández, dos de los tres estudiantes de esa facultad detenidos el jueves pasado cerca del Zócalo capitalino.
Castañeda Sabido, junto con el abogado de la FCPyS, Horacio Hernández Santiago, les informó a los familiares que han hecho un pronunciamiento en el cual exigen el respeto a los derechos humanos y al debido proceso de los alumnos.
Además, acordaron que para el viernes 28 de noviembre, con apoyo de la comunidad estudiantil, los compañeros de los detenidos y su equipo de abogados, presentarán pruebas (fotos, videos y declaraciones de personas que estaban con los jóvenes detenidos) ante el Juez que determinará su situación jurídica con el objetivo de comprobar su inocencia.
Sobre la situación de Hillary González Ollín, la tercera detenida, se determinó contactar directamente a los familiares, ya que, hasta el momento, se tiene escasa información sobre ella.
AMN.MX/bhr
