“Ley Garrote”, en Tabasco, vulnera la libertad de expresión: ONU

“Ley Garrote”, en Tabasco, vulnera la libertad de expresión: ONU

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de agosto (AlMomentoMX).— Con una carta firmada por tres relatores especiales y dirigida al Estado mexicano, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó la implementación de la “Ley Garrote” en Tabasco, al considerar que vulnera el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.

La carta asegura que hay una “gran preocupación” ante la nueva ley, pues penaliza “conductas que podrían ser una expresión legitima del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, a la libertad de expresión y del derecho a defender los derechos humanos”.

La llamada “Ley Garrote” contempla penas de 10 a 20 años de cárcel para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.

Además, también se plantea hasta 8 años de cárcel al que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público cerrando vías de comunicación.

En la carta, los representantes del organismo manifiestan que el proyecto de Ley se sometió a discusión y debate por muy corto tiempo, hecho que impidió llevar a cabo consultas previas con la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales.

“Recomendamos al Gobierno de [Tabasco] reconsiderar si el uso del derecho penal es un medio adecuado para lograr dicho objetivo, tomando en cuenta que tiene como consecuencia la prohibición y criminalización de las protestas sociales”, se lee en la carta.

Los relatores consideraron que en este caso, “la intervención penal utilizada es excesiva en sus consecuencias y en su limitación al disfrute de derechos humanos”, por lo que invitaron a las autoridades buscar un nuevo camino que sirva para erradicar la extorsión.

Se mostraron preocupados porque, según el Código Penal de Tabasco, la participación de dos o más personas en el impedimento de la construcción de obras públicas ”por cualquier medio” agravaría el castigo legal contra los manifestantes.

“El uso de la sanción penal, que es el instrumento punitivo más fuerte, para regular la protesta social de una manera tan general, y con sanciones que pueden alcanzar hasta los 20 años de encarcelamiento es excesivo”, señala.

Además, hicieron énfasis en las repercusiones que habrá hacia los defensores de derechos humanos,especialmente a las comunidades indígenas afectadas por la construcción de obras para las que no fueron consultadas previamente.

La carta fue firmada por David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; por Clement Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y por Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.