CIUDAD DE MÉXICO.— Al menos dos agencias de seguridad e inteligencia del Gobierno de Estados Unidos se encuentran examinando acusaciones contra Andrés Manuel Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos vínculos con el crimen organizado y operaciones de contrabando transfronterizo de combustible («huachicol fiscal»), reveló una investigación de The New York Times.
El reportaje —firmado por los periodistas Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher— aclara, con base en el testimonio de cinco fuentes con conocimiento directo de las consultas internas en Washington, que hasta el momento las autoridades estadounidenses no han iniciado un proceso formal ni formulado imputaciones penales en contra del dirigente político.
Asimismo, el diario expuso que, a lo largo de 2026, López Beltrán recurrió a intermediarios para entablar comunicación con funcionarios de agencias del orden de la administración estadounidense; no obstante, tres personas informadas de los acercamientos confirmaron que ambas partes no llegaron a sostener conversaciones formales.
Las pesquisas por contrabando de combustible y el frente judicial
El interés de las agencias de la Casa Blanca coincide con controversias surgidas en México en torno al negocio del huachicol fiscal, esquema ilícito consistente en ingresar diésel desde Estados Unidos bajo clasificaciones arancelarias falsas para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con el rotativo neoyorquino, expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) contienen referencias a «el hijo del presidente» en testimonios de colaboradores que describen aseguramientos de cargamentos marítimos como producto de pugnas políticas. Abogados defensores de elementos de la Secretaría de Marina procesados por estos ilícitos han afirmado públicamente ante medios nacionales que dicha referencia alude a López Beltrán.
Pese a estos señalamientos, las autoridades ministeriales mexicanas han sostenido que las menciones aisladas carecen de sustento probatorio para configurar una indagatoria penal en su contra, mientras que el propio López Beltrán y el círculo del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio han rechazado de forma reiterada cualquier involucramiento en redes de tráfico de hidrocarburos o asignación indebida de contratos de obra pública.
La revocación de la visa y la tensión bilateral
La filtración ocurre mes y medio después de que el propio López Beltrán hiciera público que el Departamento de Estado de EU canceló su visa de turista, medida que calificó como una «canallada» y un acto «politiquero y de propaganda». En agosto pasado, el político tabasqueño difundió una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que demandó la destitución del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau, a quienes responsabilizó de orquestar una embestida diplomática en su contra. Por su parte, Washington se limitó a señalar que, por normativa legal, no emite comentarios sobre los expedientes individuales de visado.
⇒ En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó a López Beltrán al señalar que la anulación del visado constituía un intento de injerencia exterior en asuntos soberanos, ratificando además que las autoridades judiciales mexicanas no cuentan con elementos constitutivos de delito que comprometan al exfuncionario partidista.
El equilibrio político ante las intermedias de 2027
El escrutinio desde Washington coloca en una posición compleja la gestión gubernamental de Sheinbaum. Aunque su administración ha procedido penalmente contra más de un centenar de servidores públicos —incluidos alcaldes y mandos policiales acusados de complicidad delictiva—, analistas citados por el Times advierten que la figura de López Beltrán representa un reto mayúsculo para la cohesión interna del movimiento, dado el peso político y el arraigo popular de la figura de su padre.
En mayo pasado, Andy López Beltrán se separó de la Secretaría de Organización de Morena con el objetivo de contender por una diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco en las elecciones intermedias de 2027, posición con la que busca consolidar presencia territorial en el Congreso de la Unión y acceder al fuero constitucional.
AM.MX/dsc
