El rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), Guillermo Zúñiga Martínez, aceptó que dicha institución no cuenta con la validación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero pese a ello, cuenta con la validez oficial debido a que fue creada por el decreto del gobierno estatal, por lo tanto, sus carreras se encuentran respaldadas por el área educativa. (http://www.lapolitica.com.mx/?p=182268) En la Gaceta Oficial del Estado con número 399 del 14 de agosto del 2011, el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, decretó para la creación de la UPAV, dijo que derivado de la demanda social de los veracruzanos para ampliar sus posibilidades de acceso a la educación media superior y superior, que el Congreso del estado aprobó por unanimidad, la Ley correspondiente que crea la Universidad Autónoma de Veracruz.
Si bien es cierto que esta es propuesta del gobernante en turno y aprobada por los legisladores, debemos también considerar que desde su instauración dicha universidad está plagada de inconsistencias por no contar con instalaciones adecuadas para la impartición de las materias de cada una de las carreras. Para quienes se matricularon en dicha institución, han tenido que padecer el viacrucis que se desprende por no contar con un plantel educativo, con aulas, equipos necesarios para la adecuada instrucción de los académicos que en ella imparten.
Los requisitos que establece la Ley General de Educación, establece que para poder fundar una institución educativa –sea particular o pública- esta debe de incorporarse al sistema educativo nacional y dependiendo el nivel, debe de cumplirlos para así obtener la autorización o el reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
Dice el Artículo 55 textualmente:
Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:
I. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21;
II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y
III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica o nivel superior.
No alcanzamos a comprender cómo la Universidad Autónoma Popular de Veracruz ha logrado mantener –según lo ha cacareado Javier Duarte y Zúñiga Martínez- un total de 46 licenciaturas, 26 maestrías, 12 doctorados, seis especialidades y 48 cursos de carácter técnico, y estas se puedan impartir sin contar con espacio acondicionado para el buen desempeño escolar. La SEP, es muy quisquillosa en los requisitos, y cuando se funda un plantel educativo –es decir para otorgar la matrícula- Protección Civil revisa las instalaciones minuciosamente y deja observaciones para que sean atendidas de manera inmediata y así garantizar a la comunidad estudiantil, instalaciones seguras.
Por lo tanto, el hecho de que la UPAV, brinde incomodidades al alumnado, el cual se ve afectado continuamente por ese detalle de tomar clases en lugares adaptados o en primarias en donde el mobiliario y equipamiento está diseñado para párvulos; la convierte en poco viable y de dudosa instauración para quienes se interesan en cursa alguna de las modalidades educativas que oferta.
Si el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa tuvo la “osadía” de decretar su creación, no estaría nada mal que fortaleciera sus ideas destinando los recursos necesarios para que en los 190 municipios veracruzanos, poblanos y hasta en Estados Unidos que alardean tienen presencia, y dignifique la universidad, que para su información, le urge lo haga.
La cloaca del gobierno federal
Hablar del caso Cassez, no cambia en nada la resolución que tuvieron los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los mexicanos estamos conscientes de la polución de las instancias del gobierno, las cuales responden a “negociaciones oscuras”. La visita de Enrique Peña Nieto realizada el 17 de octubre del 2012 a Francia, brindó fructíferas “alianzas” con el gobierno francés, tan sólidas que no dudamos prometió al presidente de aquella nación, Francois Hollande, quien solicitó públicamente revisar el caso de Florence Cassez jurídicamente, acto que cumplió antier -23 de enero del año en curso- al dedillo.
Jamás fue considerado por parte de los magistrados la acusación en contra de la francesa de actos delictivos y posesión de armas exclusivo de los militares. Las víctimas secuestradas y torturadas por la banda de Los Zódiacos, lidereada por Mario Vallarta Cisneros, alías “El Chaparro”, como también por el hermano y novio de la francesa, Israel Vallarta Cisneros, alías “El Cáncer”, por obvias razones se encuentran indignadas por la resolución de la SCJN y acusan a los magistrados de “vendidos”.
Las redes sociales no esperaron en ningún momento manifestar su repudio; en cualquier lugar que se vaya, los habitantes hablan sobre la imperdonable decisión y hasta se atreven asegurar que ahora, Peña Nieto tendrá que liberar a todos los secuestradores albergados en los diferentes Centros Penitenciarios y hasta al amante y cuñado de la francesa, los cuales también fueron aprehendidos el mismo día que la extranjera.
Nada sirve, estamos en el punto que los actos fraudulentos de los gobiernos priístas –por ser el partido que rige actualmente nuestro país y casi la mayoría de nuestras entidades federativas como municipios- no serán jamás considerados. Se puede tener –como vulgarmente se dice- “los pelos de la burra” en la mano, que jamás, se logrará que se castigue cualquier delito –llámese electoral o penal- que estos cometan.
Las instituciones fueron creadas para proteger a quienes ocupan el poder, los mexicanos nos encontramos en sus manos. Los partidos políticos de izquierda no son garantía, pues sus supuestas alianzas son resultados de los jugosos convenios que hacen con la corriente partidista que esté en el poder.
La descomposición social y política es una realidad actual. No hay compromiso y por lo tanto, no hay en nuestro país un real compromiso por parte ningún partido político para mejorar las condiciones de los mexicanos. El poder sólo sirve para quienes lo ostentan.
Sólo basta observar el propio contexto, para percatarse que no funcionan. Hay desempleo, pobreza, faltas de obras, basura por doquier, fraccionamientos y colonias a oscuras, otras sin pavimentar y sin drenajes. Es decir, vivimos en país tercermundista en donde las oportunidades sólo para los poderosos o pudientes; el resto, a la inmundicia y percibiendo salarios realmente mediocres, mientras que legisladores, presidentes de la República, alcaldes, magistrados, ostentan salarios realmente dolorosos para la clase trabajadora.
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