El subsecretario de Gobierno del estado, Enrique Ampudia Mello, le es fácil lanzar una amenaza en contra de los ciudadanos que se manifiestan para exigir que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa cumpla con obras de infraestructura. Luego de los bloqueos que se están realizando en el sur de la entidad, el funcionario advierte que hay un límite de tolerancia pues argumenta que estos no pueden lesionar los derechos e intereses de muchos ciudadanos, pero estos deben de soportar el detrimento que la autoridad produce a todos los veracruzanos por su incapacidad para ejecutar obras y sobre todo por el hurto al erario público provocado por tres niveles de gobierno.
No se sabe a qué grado llegarán las autoridades para detener las miles de inconformidades que se están originando a falta de obras. Y es que los ciudadanos no tienen culpa alguna, sólo están haciendo uso de su libertad de manifestarse luego de que muchos caminos no han sido considerados –ni de broma- por parte del ejecutivo estatal, dentro de su plan de obras anual.
Para Ampudia Mello le parece un exceso que diversos grupos de inconformes hagan bloqueos permanentes e impidan el libre tránsito vehicular originando millonarias pérdidas económicas tanto para los transportistas quienes trasladan diversos materiales a todo el territorio veracruzano; como también, al sector del transporte de pasajes. Otras pérdidas bastante considerables se han producido en las casetas de peajes, en donde dejan de percibir millones de pesos producto de los costosas tarifas impuestas a los automovilistas.
Las preguntas al subsecretario de Gobierno, son:
¿Y no resulta también un exceso por parte de las autoridad estatal su evidente incapacidad para destinar recursos para la proyección de obras de infraestructura en el estado?
¿Quién castigara a la autoridad por el hurto y endeudamiento de la entidad veracruzana?
¿Tendrán mano dura en contra del gobierno estatal o de quien resulte responsable, por la corrupción evidente al interior del gobierno estatal?
Es sencillo que el gobierno del estado intente ocultar su evidente incapacidad para destinar recursos para la ejecución de obras, debido el dispendio a manos llenas por parte de cada uno de sus subordinados y por el propio ejecutivo estatal, que derivado de todo esto exista un hartazgo social, Pero aun así, Javier Duarte de Ochoa -a través de séquito- quiera que el pueblo este conforme de este atrocidad perpetrada en su contra y de todo el territorio veracruzano, y no se manifiesten de ninguna forma. Al final, el gobierno estatal comprende que este tipo de manifestaciones deja evidencia de la inconformidad social ante la autoridad federal, poniendo en tela de juicio todo aquello que él ha manifestado al actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quedando con un mentiroso.
Definitivamente la situación que aqueja al estado es totalmente crítica. Sólo a través de los ojos del gobernador en turno, se ve “el progreso” y “la prosperidad”; mientras la cruda realidad salte a la cara en cualquier municipio, localidad o congregación que conforma el territorio veracruzano.
Porque no hacen conciencia y realmente se ponen a trabajar para que los ciudadanos no estén inconformes. El proceder en contra de los veracruzanos, con la finalidad de imponerse y sobre todo generar pánico por un derecho legal a manifestarse, no es una acción que ampara nuestra Carta Magna y se puede decir, que es arbitrario y excesivo por parte de la autoridad.
El dispendio de la familia Mezhua Campos
Es muy triste que los veracruzanos no tengan ni para donde hacerse. Si nos referimos a los priístas quienes gobiernan en diferentes municipios, tenemos como resultado desastroso, el hurto a manos llenas, incapacidad para llevar a cabo obras de infraestructura. Si hablamos de panistas, la situación no varía en nada, pues los gobierno municipales comandados por el albiazul, sufren de igual forma la incapacidad de destinar recursos y sobre todo, la avidez para desviar los pocos recursos municipales a sus cuentas personales.
Si hablamos de municipios gobernados por integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la cosa no varía mucho. Tenemos el caso de la presidenta municipal de Zongolica, Irma Lidia Mezhua Campos, quien no ha desaprovechado la oportunidad para hacer un negocio redondo su estancia a la alcaldía, tanto para ella, como para toda su familia.
La historia se centra de cómo sin importarle las críticas de los diversos sectores que conforma la población de dicho municipio, esta impuso a su esposo,Raúl MacuixtleQuiahuacomo tesorero municipal. También ha logrado que sus hermanos hagan grandes negocios con los recursos municipales.
El ingeniero, Juan Carlos Mezhua Campos, aún secretario general del comité estatal del PRD, es propietario de la empresa de materiales Mezhua Campos (MEZCAM), a través de ella, el ayuntamiento de Zongolica, abastece de materiales para la construcción a las compañías encargadas de la obra pública del municipio. Es decir todas, absolutamente todas las obras que realicen las constructoras tienen que comprarle al perredista por orden municipal.
El ingeniero agrónomo, Leobardo Mezhua Campos, es asesor técnico de la Coordinación Municipal de Fomento Agropecuario, pero aparte, cobra honorarios como responsable del programa de café, donde este año, esta área pretende sembrar un millón de plantas.
Otro de sus hermanos, Antonio Mezhua Campos, está encargado de ejecutar obras para el ayuntamiento, como el caso de la pavimentación a base de concreto hidráulico de la carretera a la congregación de Tepetitlanapa, donde se aplicaron recursos federales por más de 400 mil pesos, y que se provee de los insumos que el dirigente perredista vende en su negociación de materiales para construcción.
Es decir un gran negocio familiar.
Lo cierto con estas denuncias de nepotismo y corrupción de la familia Mezhua Campos, los ciudadanos pueden tener claro, que sean del partido que sean, no hay para donde hacerse y al final, el perjudicado termina siendo el habitante quien tiene que soportar este tipo de arbitrariedad política.
P.D. Es de risa la declaración del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, quien se atreve a asegurar que derivado del programa “Veracruz Seguro” el estado de Veracruz es la única entidad en la República Mexicana, que recuperó la tranquilidad en sus calles.
El problema es que al parecer, el gobernante en turno no lee diariamente los rotativos, ni los portales informativos en donde se destacan las personas asesinadas con signo de torturas y arrojados sus cuerpos inertes en cualquier calle de los diversos municipios que conforman el territorio veracruzano.
No estaría de más que charlara de manera aislada con la ciudadanía, la cual cuenta historias lamentables de personas secuestradas, levantones o cobro de derecho de protección por parte de la delincuencia organizada. Información que jamás saldrá en los medios de comunicación, pero que no obstante está sucediendo lamentablemente en toda la entidad –en unas zonas más críticamente que otras-.
También le aclaramos al ejecutivo estatal, que las ciudades con mejor calidad de vida a causa de sus economías, son Hermosillo, Querétaro y Mérida. Dicha información la destacó el portal de noticias del Excélsior el pasado 25 de diciembre y la cual puede leerla en http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=876488, por si tiene alguna duda.
Con relación a las ciudades más seguras están: Mérida y Querétaro, seguida por Campeche, Tepic y Veracruz.
Por lo tanto, asegurar lo declarado por Javier Duarte de Ochoa, continua siendo una falacia y sobre todo una irrealidad para la entidad veracruzana. Seguimos argumentando que los asesores del mandatario deberían de ser despedidos de manera inmediata, pues al parecer no están funcionando y sólo evidencian a quien le paga sus onerosos salarios.
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