La libertad de expresión, actualmente se encuentra lacerada por parte de autoridades federales, estatales, municipales y hasta legislativas. En la actualidad un medio de comunicación que sobrevive a través de los convenios que mantiene con alguno o algunos personajes políticos, es un arma de doble filo. La clase política entiende como convenio a la compra-venta de conciencias. Bajo amenazas constantes, estos mantienen en rigor las líneas editoriales y han llegado al grado, que sintiéndose propietarios de dichos espacios informativos, llaman y ordenan poner o quitar a contentillo alguna información publicada.
El estado de Veracruz está considerado a nivel nacional e internacional como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo. En este territorio, se ha sido testigo de vejaciones como el de los twitteros incómodos, los cuales fueron encarcelados con solicitud gubernamental y luego, a raíz de estos acontecimientos, Javier Duarte de Ochoa envío al pleno una iniciativa de ley en donde tipificaba como delito los mensajes en las redes sociales en donde se propiciara información sobre acontecimientos derivados de la inseguridad latente en el estado.
La “Ley Duarte” como es conocida dicha iniciativa, mancilla y pisotea la libertad que mantiene la ciudadanía de expresarse libremente. Con ella, el ejecutivo estatal deja en claro su intolerancia y su falta de apertura a escuchar diversas expresiones; aunque estás sean en su contra y sobre todo, demuestra la falta de claridad y rumbo de su gobierno.
La muerte de 14 periodistas, otros tantos en el exilio; pero pese a este panorama, aun Javier Duarte de Ochoa el brindis navideño ofrecido a los periodistas, en donde se atrevió a decir que es el principal interesado de que se respete la libertad de expresión, además de asegurar que es amigo del gremio, valora, reconoce y respeta.
Respeto que se notó al imponer como presidenta de la Comisión de Protección de Periodistas a Rocío Ojeda Callado, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (Facico) de la Universidad Veracruzana y como su comitiva, sin considerar al resto del gremio para poder elegir libremente y por votación al quienes los representaría en un momento dado. Todos, absolutamente todos los que tomaron protesta han sido –y lo continúan haciendo en la actualidad- incondicionales tanto del Partido Revolucionario Institucional como de los gobiernos blandidos por esta corriente partidista. Por su cercanía al actual gobernante en turno, fue una de las causales por las que hoy ostentan dichos nombramientos. Entonces señor gobernador, de que respeto habla cuando a todas luces no lo demuestra con sus acciones.
Repartido los “dineros”
La LXII Legislatura del estado de Veracruz, celebró una sesión para discutir el presupuesto que tendrá la entidad en el 2013. Con 36 votos a favor y 11 en contra los legisladores determinaron conceder 90 mil 042 millones 600 mil pesos, los cuales serán distribuidos de la siguiente forma:
Al poder legislativo le corresponden 541 millones 850 mil pesos; Poder Judicial, un mil 450 millones de pesos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 42 millones 400 mil pesos; para el Instituto Electoral Veracruzano, se otorgaron 658 millones 300 mil pesos, la Secretaría de Finanzas y Planeación se le destinó 708 millones de pesos. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, recibió 164 millones 900 mil pesos; la Universidad Veracruzana cuatro mil 302 millones 200 mil pesos, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, 35 millones de pesos, a su vez, la legislatura aprobó 15 millones de pesos, para gastos operativos a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas recientemente creada.
Los gastos de operación previstos para las dependencias de la administración pública central asciende a la cantidad de 39 mil 745 millones 500 mil pesos, el cual se distribuye de la siguiente manera:
Para el ejecutivo del estado, 122 millones 100 mil pesos, para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, 136 millones 300 mil pesos; para la Secretaría de Salud, cuatro mil 821 millones de pesos; para la Secretaría de Educación, 28 mil 410 millones de pesos; para la Secretaría de Desarrollo Social, 194 millones 200 mil pesos; para la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, 116 millones 500 mil pesos; para la Secretaría de Gobierno, un mil 87 millones 100 mil pesos; para la Secretaría de Finanzas y Planeación, 765 millones 800 mil pesos; para la Procuraduría General de Justicia, 889 millones 700 mil pesos; para la Coordinación General de Comunicación Social, 75 millones 400 mil pesos, para la Contraloría General, 140 millones 500 mil pesos; para la Secretaría de Comunicaciones corresponden 267 millones 900 mil pesos; para la Oficina del Programa de Gobierno, 39 millones 200 mil pesos; para la Secretaría de Seguridad Pública, dos mil 330 millones 700 mil pesos; para la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, 103 millones 600 mil pesos; para la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía, 89 millones 900 mil pesos. Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal, 16 millones 400 mil pesos; para la Secretaría de Protección Civil, 88 millones 600 mil pesos y para la Secretaría de Medio Ambiente, 50 millones 600 mil pesos.
Debemos de tener muy en claro en qué y sobre todo en donde terminarán los destinos de dichos recursos, pues no sea que nuevamente engolosinados por las “jugosa” cantidad que se les destinará, nuevamente piensen que son para su gasto exclusivo, y terminan en sus cuentas personales, en propiedades o viajes tanto para ellos como para sus familias.
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