En la presentación del libro "El olvido de la memoria" del corresponsal de guerra de Televisa, Alberto Peláez, el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ahondó sobre el tema de la libertad de expresión, el cual aseguró es un derecho social que mantiene el desarrollo democrático de todo gobierno.
En compañía de su vocera oficial, María Gina Domínguez Colío, hablaron sobre un tema escabroso para el gobierno estatal. Administración que se ha caracterizado por mantener un control generalizado en portales de noticias, rotativos, revistas, empresas radiofónicas y televisivas de la entidad.
Muchas cabezas de periodistas han rodado a raíz de la presión que ejerce su titular de Comunicación Social y vocera oficial en las empresas informativas, cuando éstas mantienen dentro de su equipo de colaboradores a un periodista incómodo. Domínguez Colío presiona de tal forma con disolver el convenio –de saliva- con los empresarios de los medios de comunicación, que estos acceden sin conmiseraciones a despedir a los reporteros de la fuente política.
La libertad de expresión en los medios de comunicación, reconocidos es falacia e inexistente. Los periodistas deben de apegarse a los intereses financieros y sobre todo, no hablar mucho sobre aspectos que dañan las utilidades de los empresarios. Como fue el caso de la reportera de la radiodifusora XEU, Verónica Danell, cuando el 03 de agosto del 2011, quien aludió sobre las condiciones laborales de los periodistas, derivado de la muerte de Yolanda Ordaz Cruz. La corresponsal se dio a la tarea de realizar diversas entrevistas con los representantes de los medios de comunicación en el estado, ubicados en la ciudad capital; quienes se quejaron de las condiciones paupérrimas en el que los mantienen las importantes empresas informativas. Estas declaraciones originaron su despido inminente.
En este caso, los intereses de la radiodifusora fueron violentados, pues al sentirse aludida sobre la situación en el que mantienen a su equipo de reporteros, -pese a que esta emisora realiza importantes convenios publicitarios con el gobierno federal y el estatal- mantiene en su equipo de trabajo salarios de bajo nivel y laborando más de ocho horas diarias –en la mayoría de los casos, su jornada es de hasta 12 horas- no justificándose luego entonces, los bajos salarios de su personal.
El 05 de junio del 2012, tanto en las redes sociales, como también en medios nacionales y locales, corrió como pólvora la noticia del despido de la conductora de Meganoticias y locutora del Grupo FM, Mary José Gamboa. La información publicada en las empresas informativas, que la solicitud vino por parte de María Gina Domínguez Colío, directora de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
La comunicadora sostuvo en entrevistas que primero Megacable le solicitó cambiara su línea editorial; al negarse, le propusieron fundar el canal de Querétaro. Ante su negativa, -pues argumentó que la propuesta de contratación de esta empresa era brindarle libertad informativa sobre los acontecimientos más relevantes en la entidad, con una cobertura ética y objetiva, pero en donde se buscara principalmente, denunciar cualquier problemática ciudadana- la televisora concluyó el vínculo laboral, originando que las redes sociales se fueran en contra empresa por “vendida”.
Desafortunadamente, cuando los “dineros” se anteponen al periodismo crítico –pues tocan los intereses de figuras políticas quienes consideran que los medios de comunicación son de su propiedad- los potentados de estos importantes espacios, no se tientan el corazón para avasallar la libertad de expresión. Esta se convierte en una burla, pues todos hablan de ella, pero son muy pocos que la aplican en sus medios informativos.
Otro ejemplo fehaciente, amable lector, fue el caso de los twitteros “terroristas” que el “doitor” Javier Duarte de Ochoa con todo “el pinche poder” en sus manos –citara su “padre putativo” Herrera- pretendió arrojarles todo el aparato gubernamental y mancillar su derecho y libertad a expresarse. El arbitrario acto lo ejerció con la finalidad de matar dos “pájaros” de un solo tiro. El primero, rendirle cuentas a la ex titular de Actividades Artísticas, Recreativas y Culturales del período de Fidel Herrera Beltrán, María de Jesús Bravo Pagola, quien lo había ridiculizado hasta el cansancio a través de las redes sociales; el segundo tiro, lograr que los usuarios de Twitter y Facebook dejaran de testimoniar cada uno de los violentos actos perpetrados por parte de la delincuencia organizada –hecho que demostraba su incapacidad para controlar la situación de inseguridad en el estado- y a través de estos espacios criticaban la forma poco conveniente de éste para administrar el estado, dejándole ver a nivel nacional e internacional como un político sin capacidad y poca experiencia política.
Sin poder justificar su aprehensión –derivado de sus malos asesores y de la presión ejercida en dichos espacios sociales- tuvo para su infortunio que dejar en libertad a los supuestos “terroristas” colocándolo en una situación poco satisfactoria para su persona, pues fue la burla constante tanto en Twitter como en Facebook.
Otro factor que le marcamos al gobernador del estado sobre el nulo respeto a la libertad de expresarse, son los asesinatos de los nueve comunicadores –Milo Vela y su hijo quien era fotógrafo también del rotativo Notiver, Yolanda Ordaz Cruz, Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso, los fotoperiodistas, Gabriel Huge, Guillermo Luna, Irasema Becerra –trabajadora del Dictamen-, Esteban Rodríguez y Víctor Báez Chino-. Casos que han sido desestimados y literalmente enviados al archivo muerto de la Procuraduría General de Justicia del estado a cargo de Amadeo Flores Espinoza. Sin el menor respeto a las memorias de los comunicadores y a sus familias, en rueda de prensa el titular de la PGJ lanzó la escalofriante versión que estos asesinatos no fueron producto de su ejercicio periodístico y aseguró, que algunos de los casos, las ejecuciones fueron orquestadas por de otros periodistas. Con ello, lanzaba el dardo envenenado de culpar al gremio periodístico de los crímenes de sus propios compañeros.
Castellanos Mier opresor de universitarios
Un ejemplo de opresión que ejerce el poder hasta en menor escala, es el caso que viven los estudiantes de la facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. Quienes de manera constante han denunciado dos aspectos importantes que frena su desarrollo académico: las decadentes instalaciones de dicho plantel y la poca factibilidad del sistema del Modelo Educativo Integral e "in" Flexible (MEIF).
Un grupo de inconformes estudiantiles han manifestado en las redes sociales sobre estos dos aspectos; y ninguno de los dos casos, ha sido considerado por parte del rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, quien hace “oídos sordos” ante la situación. Poco conveniente resulta para la máxima autoridad, cuando los estudiantes advierten que esta escenario no es exclusiva de Ingeniería, sino que, muchas facultades están padeciendo el mismo mal por falta de claridad de los directivos de dichos planteles.
Para ser precisos, este contexto les ha acarreado a los estudiantes disidentes una serie de situaciones, las cuales han llegado hasta las amenazas vía telefónica. Circunstancias que propició que el joven universitario entablara una denuncia penal en contra de las autoridades académicas –como lo denunció Guzmán Tomes a AGN Agencia Informativa Veracruzana el pasado 23 de agosto del año en curso http://www.agninfover.com/noticia.php?id_noticia=79161- las cuales aseguró, vierten constantemente amenazas y les han advertido que los echarán del plantel.
Al no tener gran resultado sobre su manera arbitraria de conducirse y así dominar a la comunidad estudiantil, el director de mencionada facultad, Alejandro Castellanos Mier, le organizó al universitario una junta académica en donde se discutiría su futuro en el interior del plantel, y según declaración del estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, Gustavo Enrique Guzmán Tomes, el directivo movió al cuerpo académico para lograr darle “muerte estudiantil” y así deshacerse de él de manera definitiva.
Violentando su derecho a la libertad de expresión, el directivo mantiene anuencia tanto de Liliana Betancourt Trevedhan –quien ha recibido las quejas directamente y no ha hecho absolutamente nada- y del rector de la UV, Raúl Arias Lovillo –quien se ha caracterizado de aplaudir estos actos improcedentes por parte de los directores de las diversas facultades administradas por la Universidad Veracruzana- ejercen todo la plenitud de poder para irse contra el alumnado y enviar un mensaje desolador a la comunidad estudiantil: quien ejerza su derecho a manifestarse, se verá degradado a recibir instrucción académica y así, verá irrumpida su aspiración a alcanzar el término de su carrera.
Luego entonces le pregunto al señor gobernador:
¿A qué libertad de expresión se refiere?
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