A partir de los recientes artículos publicados, en donde pongo al descubierto ciertos conflictos de intereses, tráfico de influencias y corrupción en una de las Secretarías de este gobierno, y en donde además revelo asuntos de la vida privada de los implicados, he sido cuestionado por algunos amigos y compañeros periodistas quienes se preguntan qué tan pertinente es ventilar la vida privada de algún funcionario público y si eso no pasa por alto la ética que debe regir a los periodistas.
Yo entiendo cada uno de los argumentos que me brindan, sé que la vida privada es eso, privada, íntima; nadie tiene derecho a saber de ella a menos que la persona decida, por propia voluntad, hacerla pública.
Un funcionario, persona que ha decidido formar parte de la “res pública”, es decir de la cosa pública, ya sea administrando, tomando decisiones que afecten a la ciudadanía, custodiando bienes públicos, ha dado un paso adelante para que su vida privada deje de serlo, al menos una parte de ésta.
¿Qué parte de esa vida privada debe importar a los ciudadanos?: La parte que pueda influir en la función pública que se le ha conferido.
Recientemente en el noticiero de Carmen Aristegui, en MVS Noticias, la ex esposa de Sergio García Ramírez pidió los micrófonos al aíre para ventilar ciertos asuntos de la vida privada del padre de sus hijos. Señaló que el candidato a Consejero Electoral del IFE había sido un padre irresponsable, golpeador y que para controlar su carácter violento debía tomar ciertos fármacos. Se armó la polémica para dirimir qué tan válido es que se den a conocer estos asuntos sobre la vida privada de quien aspira nuevamente a ser un funcionario público. Intervino el mismo Ombudsman de la radiodifusora quien concluyó que los asuntos sobre el comportamiento que como esposo hubiera tenido García Ramírez no le afectan para desempeñar un cargo público, sin embargo, el hecho de que requiera de ciertos fármacos para controlar su carácter violento, eso sí puede ser relevante en el desempeño de su función pública y por lo mismo debe darse al escrutinio de los ciudadanos.
Al respecto, Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y destacado periodista expone lo siguiente: “Los personajes públicos están especialmente expuestos a las miradas de la sociedad. Sus conductas personales nos interesan por las implicaciones que puedan tener en su desempeño público. Por eso es de interés público de qué manera viajan o en dónde cenan los funcionarios y sobre todo quién paga sus gastos. Y lo son las reuniones, aunque sean privadas, en donde toman decisiones acerca de asuntos públicos. La vida familiar es motivo de interés para la sociedad cuando, como bien indicó el Ombudsman de MVS, afecta las tareas públicas”.
Recientemente, en el 2009, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo relevante en cuanto a libertad de expresión y vida privada. Mediante este fallo la Suprema Corte de Justicia otorgaba un amparo al periodista José Sacramento Orozco quien había sido demandado por publicar una entrevista que se le hizo al chofer de un ex alcalde de Acámbaro, Guanajuato. El ex alcalde argumentaba que esa entrevista le había provocado descrédito y daño moral.
El periodista fue condenado por un Tribunal Colegiado a tres años un mes y 15 días de prisión, pero la Suprema Corte de Justicia revertió esa sentencia señalando que: “los derechos al honor y a la intimidad de los funcionarios públicos tienen en general una menor extensión y resistencia ante la libertad de expresión”. De esta manera la Suprema Corte de Justicia ha creado jurisprudencia, es decir, en este tipo de demandas las sentencias de los jueces en adelante deberán atender la manera cómo se pronunciara el más alto Tribunal de la nación.
Sobre la ética periodística, se duda de que exista por la conducta abyecta de muchos, que al amparo de esta noble profesión, se han enriquecido de manera desaforada. Pero un periodista debe tener muy en claro que la primera función del periodismo es una función social. El periodista debe ser un garante del derecho que tenemos todos los ciudadanos a ser informados. Uno como periodista no puede quedarse callado al darse cuenta que un funcionario público está manejando de manera incorrecta (por decir menos) los bienes que se le han dado a administrar. Y si en su investigación se da cuenta que la vida privada de dicho funcionario público afecta sobremanera el desempeño de ese funcionario, uno está obligado por esa ética periodística a informar. Hay quienes a esa información podrían sacarle provecho, es decir pactar un silencio con el funcionario para obtener beneficios económicos, eso está fuera de toda ética periodística.
Ya lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad de expresión tiene mayor relevancia sobre “los derechos al honor y a la intimidad de los funcionarios públicos”.
Claro, hay que asegurarse que lo que sobre esa vida privada se diga sea verdad. Pero al menos en mi caso, tengo los documentos que prueban mis acusaciones. Pero esos en su momento se darán a conocer.
Armando Ortiz Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
