En Veracruz no podemos decir que el destino nos alcanzó, siempre estuvo aquí.
Los hechos son contundentes, de unos meses a la fecha hemos vivido una violencia inusitada, no tan solo en las zonas urbanas más importantes como Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Tuxpan o Boca del Río, regiones como la Huasteca, los Tuxtlas y la Cuenca del Papaloapan, están convulsionadas por los hechos criminales ahí suscitados, la diferencia es que no cuentan con un despliegue mediático como las ciudades al principio mencionadas. La respuesta a estas circunstancias en un acto profundamente humano: el miedo se ha enseñoreado en la ciudadanía.
Ante la falta de una política de comunicación “social” comprometida con las necesidades informativas de la gente, las redes sociales han llenado dicho vacío. La respuesta gubernamental ha sido inimaginable: ha lanzado el poder de la autoridad estatal contra los usuarios de dichas redes, considerando a los tuits origen (y no consecuencia) de la violencia y el miedo. Así las cosas, podemos considerar que los usuarios de las redes sociales son un nuevo grupo vulnerable, porque quedan en indefensión ante la aplicación dolosa de las leyes estatales.
La presión mediática que se desató en contra del Gobierno del Estado por la detención de dos tuiteros a los que acusaron de “terrorismo y sabotaje”, propició, como por arte de magia, que el Ejecutivo mandará una iniciativa al Congreso local para crear el delito de “Perturbación del Orden Público”, mismo que se aprobó con urgencia usando la aplanadora tricolor, sin embargo, los expertos en materia jurídica consideran que dicha reforma es violatoria del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los artículos 6 y 14 de la Constitución General de la República, por lo que es previsible que la SCJN derogue dicho despropósito. Es miércoles, casi mediodía, y lo más previsible (eso esperamos, sino el amparo federal será la solución, porque los “indiciados” no se acogerán al nuevo delito que tiene una penalidad mínima, sería aceptar su culpabilidad y sentar un precedente negativo), es que la PGJ de Veracruz retire las acusaciones contra los tuiteros Maruchi Bravo y Gilberto Martínez, lo cual es un reconocimiento implícito del absurdo de la acusación.
En cuanto a la tipificación del delito “Perturbación del Orden Público” en el código penal, habría que ver si no es un experimento del Nuevo PRI para utilizar a Veracruz como laboratorio, en su persistente afán de censurar las redes sociales (Tabasco, Nayarit, Coahuila, EDOMEX, Ley Zamora a nivel Federal, etc.). Todo indica que fracasarán en dos sentidos: la inconstitucionalidad de su propuesta y la pérdida del voto de la enorme mayoría de usuarios de redes sociales, además de la gente a la que estos logren convencer de su anti priismo. Autogol clarísimo y garrotazo contundente al fantasma de Díaz Ordaz.
Lo elemental es que ante los hechos de violencia se convoque a una alianza entre gobierno y ciudadanía para combatirla y promover la Paz en Positivo, bueno esto es lo elemental, lo tradicional es recurrir al autoritarismo.
