De acuerdo a la defensa legal de Maruchi Bravo y Gilberto Martínez, los tuiteros acusados de terrorismo y sabotaje por el Gobierno de Veracruz, estos no se acogerán a la pretendida “atenuación del delito” que se pretende realizar a través de la modificación de un artículo del código penal para tipificar el delito de “perturbación del orden público”
De acuerdo a Regina Martínez, en nota publicada por e-consulta.com, en una rueda de prensa donde se encontraba el senador perredista Francisco Castellón Fonseca, este acusó al gobierno de Javier Duarte de haberse “entrampado” con sus propios errores, esto merced al anuncio que hiciera el secretario de gobierno, Gerardo Buganza de mandar una iniciativa al Congreso local para "tipificar el delito de perturbación del orden público, mediante el cual se podrían beneficiar los twitteros encarcelados desde el 26 de agosto pasado en Pacho Viejo”
“En la iniciativa se plantea incluir el artículo 373 al Código Penal del estado para castigar la "perturbación del orden público" con una sanción menor a la de "terrorismo", consignada en el precepto 311 de la misma norma que establece de 3 a 30 años de prisión”
El planteamiento de Buganza es que los acusados se podrían acoger a esta nueva ley y alcanzar el beneficio de la libertad bajo fianza y seguir su proceso fuera del penal. El ex panista remarcó que todo esto es debido a la “benevolencia” del Gobierno estatal.
Pero no todos piensan igual, Francisco Castellón insistió en que la nueva estrategia del gobierno de Duarte “nos parece equivocada, ya que ahora pretende salir del problema que ha generado a nivel internacional al haber acusado a estas dos personas del delito de terrorismo equiparado, la cual es desproporcionada, absoluta y totalmente fuera de contexto".
El perredista agregó: "nadie puede ser afectado por la retroactividad de una ley, porque lo que están pidiéndoles es que se declaren culpables de perturbar el orden público para que puedan salir bajo fianza de un delito que todavía no existía cuando supuestamente lo cometieron".
Por su parte Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, refirió que en este caso hay un principio fundamental en derecho penal que señala "no hay crimen si no hay ley" y, en este sentido, "se plantea una propuesta para penalizar la alteración del orden público para que después encuadran esta conducta que no existía cuando estas personas fueron detenidas".
"Cualquier legislación en México, como en todo el mundo, tiene la característica de que no es particular sino general y legislar para hechos concretos es manipular las instituciones del estado mexicano, y en este caso, evidentemente sería una aberración jurídica", subrayó el también integrante del colectivo MX integrado por usuarios de las redes sociales.
Robles Maloof consideró que: el gobierno del estado "en lugar de legislar al vapor y construir adefesios jurídicos debería retirar los cargos y aceptar la propuesta de la comunidad de redes sociales para que juntos construyamos un mecanismo eficaz, proactivo y auto moderado para avisar a la población de los hechos de violencia que oculta la propia autoridad y los medios convencionales".
En lo que toca a Claribel Pérez, representante del despacho Ordoñez, Ordoñez y Téllez, Abogados Asociados, adelantó que continuaran con el proceso jurídico luego de que un juez de distrito le dio entrada al amparo solicitado por sus clientes, "porque no hay suficiente sustento para acreditar que cometieron los delitos señalados en su contra".
Además, precisó, ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva en perjuicio de una persona y, por lo tanto, "no vamos a acogernos a esa nueva propuesta porque al momento que se suscitaron los hechos por los que se les detuvo, no estaba tipificado en el código penal y entonces sería aceptar que ellos cometieron un ilícito inexistente hasta ahora como es el de perturbación social".
Con información de Regina Martínez de e-consulta.com
