Expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones sobre la ejecución de 22 personas a manos de militares
CIUDAD DE MÉXICO, 3 de julio .- A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias, expresó Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones sobre la ejecución de 22 personas a manos de militares el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
Por medio de un comunicado Christof Heyns instó a las autoridades mexicanas investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos. “Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”, indicó.
Heyns añadió que también deben ser investigados “aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos”.
Además el representante de la ONU instó a las autoridades a tomar en consideración las nuevas evidencias que revelan las órdenes de operaciones dadas al oficial a cargo de la operación que implicarían abatir a los delincuentes por la noche.
Christof Heyns advirtió que las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario.
Por ello, dijo que “la perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza”, resaltó.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez dio a conocer que a un año presentó cuatro recomendaciones sobre el caso Tlatlaya.
Durante la presentación de un informe sobre el caso, el Centro Prodh planteó la creación de una nueva comisión indagatoria para el caso Tlatlaya en la que participen especialistas institucionales, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e independientes.
Como otra propuesta el Centro de Derechos Humanos pidió que el Poder Judicial de la Federación resuelva a favor de la víctima y testigo conocido como “Julia” el juicio de amparo que interpuso para cuestionar la extensión de la jurisdicción castrense en el caso Tlatlaya.
Como parte de este punto, propuso que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la probable inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 37 del Código de Justicia Militar, y planteó la posibilidad de citar a militares a declarar en el fuero civil.
Adicionalmente en otro aspecto pidió garantizar el acceso de las víctimas sobrevivientes a la totalidad de las causas penales abiertas y pidió abrir al escrutinio social las versiones públicas de los expedientes por considerar que son graves violaciones a derechos humanos.
El Centro Prodh estableció como cuarta propuesta que se cumplan las medidas cautelares brindadas a la víctima Julia y sus familiares, por considerar que esas medidas no han sido cumplidas en su totalidad, y por considerar la situación de riesgo.
Finalmente informo que una versión ampliada del informe fue enviado a Christoph Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que se ordene al Estado adoptar medidas adicionales para garantizar la vida y la integridad personal de la testigo Julia, de su familia y adicionalmente de sus representantes.
El Centro Prodh pidió a la CNDH que no dé por cumplida la recomendación emitida en el caso Tlatlaya hasta que no se aclare la discrepancia respecto del número de víctimas ejecutadas, y la emisión de medidas cautelares.
AMN.MX/fm
