GUATEMALA, 24 de agosto (Al Momento Noticias).- El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró que permanecerá al frente del gobierno del país, negó vinculaciones con los ilícitos en la autoridad recaudadora de impuestos y dijo que estar dispuesto a presentarse ante la justicia.
En un mensaje a la nación por radio y televisión, rechazó toda acusación de las autoridades que señalan su implicación en el caso de la red criminal dedicada al contrabando y la defraudación que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, rechazó las acusaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual, en conjunto con el Ministerio Público, pidió el pasado viernes el retiro de la inmunidad (antejuicio) al presidente y lo situó como cabeza de la estructura criminal de la SAT.
Pérez Molina dijo que dará la cara “y demostraré frente a la institucionalidad que en ley corresponde, mediante el debido proceso, que no he sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos”.
Señaló que reconoce las manifestaciones públicas realizadas por el pueblo guatemalteco -con las demandas de su renuncia y de la depuración de políticos corruptos-, pero su investidura presidencial lo obligan a “resguardar la institucionalidad”.
Estimó inaceptable “que en Guatemala se pretenda instalar una estrategia intervencionista, que tiene como objetivo dictarnos qué hacer o no hacer y quebrantar la democracia”.
La tarde del domingo, Pérez Molina recibió a la jueza de paz, Carmen Pocón, quien asistió a la Casa Presidencial, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, para cumplir una diligencia judicial.
En esa diligencia se cumplió el recurso de “exhibición personal”, interpuesto por un grupo de abogados con el fin de constatar la presencia de Pérez Molina en el país y al frente de sus funciones.
El gobernante encabezó además una reunión de gobierno que se realizó de manera privada durante la tarde y noche de este domingo, para evaluar la situación y las renuncias de varios ministros y cercanos colaboradores.
El cerco alrededor de Pérez Molina comenzó a cerrarse, lugo de que el viernes pasado, su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, fue arrestada por su participación en el caso llamado “La Línea”, una red de funcionarios y empresarios que presuntamente cometieron delitos contra el SAT.
Baldetti, quien renunció el 8 de mayo, fue detenida en una clínica privada y luego fue remitida a un cuartel militar de la capital.
La orden de detención contra la ex vicepresidenta fue emitida por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
Implica investigación a Pérez Molina en caso de corrupción
En abril pasado, funcionarios judiciales y del Cicig, organismo avalado por la ONU, desmantelaron una estructura criminal que recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos en aduanas.
Revelaron 40 casos de cobros ilegales y contrabando que operaba en las aduanas del país, dependientes de la SAT.
La red de corrupción operaba desde hacía más de un año y tenía como objetivo cobrar sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco.
“Hasta el momento de hoy encontramos en toda la organización y organigrama (de la defraudación) la muy lamentable participación del señor presidente de la República y la señora Roxana Baldetti”, aseguró el viernes el comisionado de Cicig, el ex juez colombiano Iván Velásquez.
El comisionado aseguró que en las más de 80 mil escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación y en los más de 5 mil mensajes de correo electrónico revisados existían referencias a “el uno” y “la dos”, que corresponderían a la participación de Pérez Molina y Baldetti.
La fiscal general, Thelma Aldana Hernández, aseguró que existe una alta posibilidad de la participación de Pérez Molina.
“La documentación incautada en los allanamientos en conjunto con las intercepciones telefónicas disponibles”, aseguró Hernández, “llevan a considerar como probable que el señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización criminal denominada La Línea”.
En caso de que la Corte Suprema apruebe el antejuicio, todavía es necesario que el Congreso emita su consenso para retirar la inmunidad al presidente.
Los parlamentarios ya rechazaron el 13 de agosto levantar su inmunidad para que pueda enfrentar a la justicia.
De hacerlo, el Ministerio Público podría investigarlo aunque si no se solicita su captura, podría seguir en el cargo.
Meses de protestas
Desde la revelación del escándalo de corrupción, la capital del país ha sido escenario de manifestaciones para pedir la renuncia del presidente.
En los actos más concurridos se estima que participaron hasta 60 mil personas, movilizaciones que el país no había visto en al menos tres décadas.
El tenor de las protestas llevó a que se realizaran comparaciones con la llamada “Primavera Árabe”, el fenómeno de movilizaciones populares que convulsionó a algunos países del mundo árabe y Medio Oriente desde 2010.
El escándalo de corrupción y la decisión de Pérez Molina, quien debe dejar su cargo el 14 de enero, de no renunciar se da en un momento delicado de la vida política del país.
El 6 de septiembre Guatemala irá a las urnas para elegir nuevo presidente, unos comicios generales en los que el actual mandatario no puede presentarse ya que el país no contempla la reelección.
Las encuestas favorecen al empresario conservador Manuel Baldizón, cuyo compañero de fórmula también ha sido acusado de estar vinculado a un caso de corrupción.
No se espera que ningún candidato alcance 50 por ciento de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.
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