La ley para la aniquilación de medios

La ley para la aniquilación de medios

v    Con las reformas a la llamada Ley General de Comunicación Social

v    Se trata es de asfixiar a los medios de comunicación masiva   

v    Ninguna dependencia puede gastar más de 0.1% de su presupuesto

Por Miguel Ángel Cristiani González

Como toda la atención de la agenda política se ha centrado en la llamada Reforma Electoral, que este domingo tendrá su máxima expresión en las marchas que se han convocado en las principales ciudades del país, no se ha puesto la atención requerida en otro aspecto posiblemente más grave.

Se trata de un decreto presidencial publicado por el presidente Andrés Manuel López que ya fue aprobado por los diputados y senadores de la república y publicado el pasado 27 de diciembre en el diario oficial de la federación, por lo que ya está en vigor y ha empezado a ser aplicado.

Aunque los conocedores del Derecho ya han sentenciado que es un acuerdo inconstitucional y que en consecuencia deberá ser desechado por la Suprema Corte de Justicia

Se trata del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la llamada Ley General de Comunicación Social y de la Ley de Responsabilidades administrativas.

Aunque en la realidad, dicha ley se debería de llamar Ley General de Aniquilación de Medios de Comunicación.

Se afirma que la Ley General de Comunicación Social tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley.

Pero en los hechos lo que se trata es de asfixiar a los medios de comunicación masiva y en consecuencia a la libertad de expresión.

El verdadero aspecto polémico se halla en el artículo 26° de la Ley General de Comunicación Social que impone a todos los entes públicos que “el límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar 0.1% del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”.

Dicho en pocas palabras, no tendrán ningún presupuesto para poder contratar publicidad.

Es decir, ninguna dependencia de la Administración Pública Federal, estado, municipio o institución autónoma puede gastar más de 0.1% de su presupuesto de egresos en comunicación social. 

Ya hasta esta semana, se han interpuesto más de 300 amparos en contra de la ley de aniquilación de medios.

Este enunciado ya ocasionó que el municipio de Chihuahua, los ayuntamientos de Toluca y León, muchos otros alcaldes (principalmente de oposición) y el mismísimo Congreso de Guanajuato, hayan presentado otra controversia constitucional contra la reforma, porque de ella “se desprende una invasión de las esferas competenciales”, atenta contra la libertad hacendaria e invade la autonomía de estados y municipios. 

La Ley General de Comunicación no sólo asfixia económicamente a los medios, también a las instituciones que tradicionalmente ejercen gasto de comunicación social para cumplir sus fines sociales, como las secretarías de Hacienda, de Turismo la Lotería Nacional o el IMSS.

Es evidente que por violentar los límites constitucionales a la propaganda gubernamental y por invadir la autonomía de estados, municipios y entes autónomos, la Ley General de Comunicación Social es inconstitucional. 

Aunque desafortunadamente hasta ahora la atención de la agenda política solamente se ha centrado en la defensa del INE en la llamada Reforma Electoral, no se han enfocado hacia las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que en todo eso lo único que se pretende es aniquilar a los pocos medios de comunicación que pese a los ataques diarios dirigidos desde las conferencias mañaneras, por el presidente Andrés Manuel López, ahora ya se hicieron también por la vía legal, aunque sea de manera inconstitucional.

Así que luego de la marcha de este domingo para reclamar que al INE no se le toca, no sería raro que la próxima marcha fuera para demandar que a los medios de comunicación y la libertad de expresión en nuestro país tampoco se le debe atacar, como se le está haciendo ahora.

# A la libertad de expresión no se le toca

# A la libertad de prensa no se le asfixia

# Basta de agredir a los medios de comunicación

# Vamos a defender la libertad de expresión

# En la dictadura los medios son aniquilados

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