La expectación que fomentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto para anunciar 10 acciones para mejorar supuestamente en la impartición y procuración de justicia en el país, fue más una perorata distractora que realmente la intención genuina de componer la situación en el país. Se puede hasta considerar que su discurso “hueco” fue un “circo mediático” o “Caja China” al estilo de la película “La Dictadura Perfecta”. Estrategia usual por parte del Grupo Televisa.
Habló con los mexicanos a nivel nacional en un horario [telenovelesco] estelar. Se incluyó en el sentir y repudio de los mexicanos con relación al caso de la desaparición de los 43 normalistas; y hasta se atrevió a “blasfemar” al decir: Todos somos Ayotzinapa.
Dijo que, con la finalidad de impedir [derivado de la masacre perpetrada en Ayotzinapa] que los ayuntamientos continúen manteniendo –porque es un hecho que lo hacen- infiltraciones de parte de la delincuencia, indicó como primer medida, implementar una ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales. Jamás en su banal discurso, se refirió sobre alguna reforma de ley donde se sancionen a los gobiernos estatales y la estructura legislativa que establezcan vínculos con el narcotráfico y grupos delincuenciales. Cómo tampoco castigo a los miembros de los gabinetes tanto nacional, estatal como municipal.
Peña Nieto manifestó que enviaría al pleno legislativo una iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito, con la finalidad que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en ese ámbito. ”Cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie”, dijo.
También implementará la creación obligatoria de policías únicas estatales, la cual también será enviada al pleno el lunes 1 de diciembre. En este sentido, dicha acción sólo le permitirá a la Secretaría de Seguridad Pública de cada una de las entidades federativas mantener el control absoluto por decreto.
En el estado de Veracruz, el titular de dicha dependencia, Arturo Bermúdez Zurita, lleva este “control” y sólo ha originado que la corrupción al interior de esta dependencia se ejecute a “manga ancha”; propiciando que los elementos a su cargo, perpetren “levantones”, secuestros y torturas en contra de la sociedad veracruzana indiscriminadamente. Cuando bien les va y no son asesinados, los meten a prisión fabricando una serie de delitos, violentando el debido proceso de cada una de las personas procesadas.
Por lo tanto, la intención de Peña Nieto de formar policías estatales “más confiables, profesionales y eficaces” [iniciando en los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas] en la experiencia de los veracruzanos, es una medida improcedente. La medida lo único que puede garantizar es el fomento a la corrupción e impunidad, le otorga el absoluto “poder” a un solo sujeto, provocando se acentúe más la descomposición entre la estructura policíaca.
Enrique Peña Nieto jamás manifestó en este rubro o acción, alguna medida para ejecutar cárcel inmediata a los titulares de las SSP de las diversas entidades federativas que incurran en la omisión y corrupción. Dicha descuido, sólo propiciará que en los 30 estados restantes de la República Mexicana –porque en Veracruz ya tenemos el original- se clonen réplicas fieles de Arturo Bermúdez Zurita y con ello, se garantice la podredumbre e impunidad de los cuerpos policíacos.
Habló sobre la instauración de un número nacional para emergencias: el 911. Supuestamente dicha medida solucionará “eficazmente” el reporte de la población en casos de auxilio. La sociedad mexicana si de algo está consciente es que los teléfonos emergencias son inoperantes y además, ha manifestado por diferentes vías, no tener confianza en ninguna estructura de gobierno, por lo tanto dicha medida “eficaz” se pone evidencia.
Indicó que se establecerá una Clave Única de Identidad y un Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente, la cual se implementará un despliegue de fuerzas federales en los municipios de Guerrero y Michoacán; así como respaldo de las fuerzas federales para los municipios que lo requieran y en los estados de Jalisco y Tamaulipas.
Expresó sobre la ejecución de una llamada “Justicia cotidiana”, acciones en materia de derechos humanos y sobre una iniciativa de reforma que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de Tortura y Desaparición Forzada. Aunque seguramente dicha ley no establecerá normas que castigue al ejército, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a los cuerpos policíacos que ejecuten “levantones”, torturen y desaparezcan a los ciudadanos.
“Se fortalecerán los protocolos y procedimientos, para que en casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e imparciales (…) Se establecerán indicadores adicionales en materia de Derechos Humanos, en coordinación con la CNDH y Organizaciones de la Sociedad Civil (…) Se creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética (…) Se publicará el Reglamento de la Ley General de Víctimas y se pondrá en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas”.
En el tema del Combate a la Corrupción, el ejecutivo federal en mensaje nacional, dijo hará un respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción y a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, que se discuten en el Congreso de la Unión y en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Le quedó a deber a la comunidad mexicana, sobre una ley que ejecute acciones directas en contra de magistrados, jueces, procuradores y ministerios públicos que incurran en la omisión, en la obstrucción y manipulación de la Constitución Mexicana, de la Ley Electoral y del Código Penal tanto nacional como en los estados. En el caso de incurrir en dichos delitos, se ejecutaría cárcel inmediata por 100 años, para que no puedan delinquir nuevamente y así limpiar el país de corruptos.
Dicho mensaje se puede considerar obsoleto por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, diseñado con la única y absoluta finalidad de inhibir a las manifestaciones masivas propiciadas por la alarmante situación imperante en el país, por la corrupción del sistema político y por la relación de los gobiernos tanto federales, estatales y municipales de los tres niveles de gobierno.
Es literalmente una burla para la sociedad mexicana. No existió por parte del ejecutivo federal la pretensión genuina de acabar con las causas principales del hartazgo social: la corrupción y la impunidad existente entre la clase política.
Para poder realmente sacar de la situación que los gobiernos mantienen a México, se debe de implementar un sistema efectivo de responsabilidad, una reforma al Código Penal para poder meter a la cárcel a los verdaderos culpables. Necesitamos que entre ellos mismos, ejecuten sanciones, se metan a la cárcel, reciban apercibimientos o multas por mal gobernar. Con estas medidas, los demás gobernantes podrían poner sus “barbas a remojar” antes de desviar los recursos del erario a sus cuentas personales que mantienen en los paraísos fiscales.
El mensaje, podemos considerarlo como “cuento chino”. El gobierno no pretende dejar sus viejas prácticas. Mantiene una activa violencia en contra de los ciudadanos a través de muchas vías, con la finalidad de mantenerlos hincados para así poder continuar robando a manos llenas.
Dichas medidas amable lector, no les quita el sueño a los ex gobernantes como Miguel Alemán, Fidel Herrera Beltrán y al actual gobernador, Javier Duarte de Ochoa –por citar algunos-. Saben que el fraude que le han propiciado al estado de Veracruz, estará salvaguardado por la protectora y natural estrategia que la clase política implementan entre ellos para protegerse y no ser procesados como delincuentes: la impunidad. Enrique Peña Nieto sabe que no puede ejecutar ese tipo de reformas donde se procesen a los malos gobernantes, porque está consciente, que él encabezaría la larga lista de políticos corruptos existentes en México.
Denuncia
P.D. Una denuncia anónima alertó sobre que el día de hoy el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) nuevamente le fue cortado el suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por falta de pago. Argumentan un grupo de trabajadores que dicha restricción sólo se prolongó por dos horas. No saben si pagaron o que dicha acción es una medida pueril por parte del director general, José Tello Allende para justificar el atraso que ejecutará a la clase trabajadora de sus aguinaldos.
Jinetearles el dinero a los trabajadores, qué conveniente. Indudablemente al titular del SAS le debería de dar vergüenza actuar en detrimento de los trabajadores. No le basta su ineficacia con la ciudadanía al distribuir agua con olor a cañería y llena de tierra; además pretender cobrarla como si fuera un servicio de primerísima calidad. Esto es lo que mantiene el hartazgo de la sociedad veracruzana y que técnicamente es una forma de violentarla.
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