Demasiada tibieza manifiesta en su declaración el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, cuando alude a la abusiva decisión de los permisionarios de aumentar sin autorización la tarifa de transporte urbano. El argumenta no haber acreditado ningún incremento y por lo tanto, asegura el problema será atendido para encontrar una “sana” conciliación entre los magnates de las empresas transportistas del servicio urbano y los usuarios.
Resulta un tanto inquietante su complaciente actitud, cuando cualquiera en su lugar –y más cuando asegura no tener ningún tipo de culpabilidad- ipso facto procedería a ordenar un “operativo mediático” para someter a quienes pretendan no respetar sus órdenes. Es decir, pondría en marcha el consejo de su padre “putativo” que amparado por “el pinche poder”, procederían en contra de quienes se quieran colgar de sus “barbas” y así ganaría un poco de simpatía de la ciudadanía, la cual se encuentra por los suelos.
También se esperaría como una reacción natural, que el titular de la Dirección General de Tránsito del Estado (DGTE), Roberto López Santoyo [ese mismo que dejó plantado cuatro veces a los estudiantes en la USBI] ejecutara un operativo –como los que monta en las noches para detectar “borrachines”- para detener todas las unidades que estén incurriendo en este delito, quienes pegaron circulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Arturo Bermúdez Zurita notificando a los usuarios sobre el aumento a nueve pesos para el pasaje completo y seis pesos para estudiantes y adultos mayores. Quitarles las concesiones, sería otra medida que bien podría coadyuvar para dejar en claro que no pueden estos tomarse atribuciones que no le competen.
Considero que hasta les harían un favor a los propietarios de las “chatarras” del servicio urbano, pues estos "chillan" demasiado argumentando que el negocio ya no les deja regalías. Si sufren tanto, pues que dejen las concesiones para que obligatoriamente quien atienda dicho compromiso con la ciudadanía sea el gobierno del estado. Así se termina con el problema de los "pobrecitos" permisionarios, quienes pese a sus pobres ingresos, presumen sendas cadenas de oro, tienen lujosas residencias en fraccionamientos exclusivos en el municipio de Boca del Río y Alvarado, cuentan con guardaespaldas y automóviles de muy altos costos.
Ahora según lo declarado por el gobernador del estado, Javier Duarte –en su visita a Acayucan para “atender” el tema del autobús accidentado en donde murieron 36 personas- insistió que procederá con sanciones en contra de los permisionarios que hayan incurrido en este abusivo acto. Lo cierto es que tendríamos que preguntarnos entonces, como fue que los permisionarios anunciaron sobre dicho aumento utilizando circulares expedidas por la SSP y las cuales fueron pegadas en las unidades.
El asunto se torna más alarmante, pues ahora las autoridades tendrán que investigar sobre quien o quienes -que trabajan en la dependencia de la SSP- les proporcionó documentación oficial a los propietarios de los camiones urbanos para que fueran pegadas en el interior de las unidades o si el acto corresponde a que los permisionarios clonaron la documentación para engañar a la población. Sea una u otra la causa de cómo llegó a sus manos dicha papelería, se puede presumir de un delito perpetrado, el cual deberá ser investigado y sobre todo sancionado -hasta con cárcel- a la brevedad posible; por lo tanto, el gobierno estatal está obligado a interponer una denuncia penal en contra de los responsables de dicho delito, ante las instancias correspondientes para abrir una investigación sobre este acto.
Si las autoridades no proceden conforme a derecho, podemos entonces pensar inteligente lector, que el asunto es un acto siniestramente pensado por parte del gobierno estatal -comandado por Arturo Bermúdez Zurita- en contubernio con los concesionarios. Cómo quien dice, lo hicieron por que erróneamente pensaron que nadie protestaría, creyendo que los ciudadanos estarían entretenidos disfrutando de alguna de las playas veracruzanas -por las vacaciones de la Semana Mayor-. Pues como vulgarmente se dice: les salió el “tiro por la culata” y la ciudadanía reaccionó ante dicho agravio a sus bolsillos.
Los veracruzanos ya no pueden darse el lujo de permitir que los permisionarios cometan acciones fuera de la ley. La justificación de los permisionarios que el incremento se debe a que el alza de los combustibles los tiene ahorcados, pues que le exijan a la autoridad que les distribuya recursos, pero el pretender que sean los usuarios quienes paguen los “platos rotos”, es abusivo e indebido y máxime cuando los salarios no han sufrido ni un incremento de hace una década.
Decidido a limpiar su imagen, el secretario de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, emitió un boletín donde negaba rotundamente haber autorizado algún incremento, y que quienes hayan incurrido en dicha acción serían sancionados.
Les comparto el boletín para su conocimiento:
Xalapa, Ver., 13 de abril de 2014.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección General de Transporte del Estado, preocupada y ocupada de las inquietudes que en materia de transporte público aquejan a los veracruzanos y ante los rumores que se han generado por el posible aumento a las tarifas, mantiene su compromiso con la población y afirmó categóricamente que dicho incremento no procede.
La dependencia señala que se mantiene hasta el momento un diálogo abierto, permanente y responsable con líderes transportistas, para buscar acuerdos que beneficien a ambas partes y contribuyan al mejoramiento de calidad vida de los veracruzanos.
El titular de la dependencia a cargo de regular el Transporte en Veracruz, mencionó que el Gobierno del Estado está consciente que el sector transportista ha sido golpeado estos últimos años por diversos factores que merman su economía y reconoció que debe haber un incremento en tarifas, a la par del mejoramiento del servicio que se presta, así como también de las unidades que circulan por calles y carreteras de nuestro estado.
“Conocemos la situación actual del transporte público y somos conscientes de que se requiere un aumento a la brevedad, pero estamos analizando detalladamente la situación para realizar los ajustes que beneficien a todos”.
Asimismo, afirmó, que de darse el mencionado aumento al costo de pasaje del transporte público, la población será informada de manera oportuna y oficial, recalcando que hasta el día de hoy NO HAY AUMENTO.
Cualquier anomalía que se llegase a presentar puede ser reportada al teléfono de la Dirección General de Transporte, (228) 8-18-07-44, al número de emergencia 066 e incluso a las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública, donde les darán informes y seguimiento a las inquietudes.
Pues que procedan, al final eso espera la sociedad veracruzana, que al menos ésta ocasión, el gobierno se ponga a favor de quienes les pagan sus salarios.
Invitación
Derivado a que muchos operadores de las diferentes líneas que dan servicio de pasaje urbano en la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo, a los cuales se les ocurrió la brillante idea de sorprender a la ciudadanía con un incremento de nueve pesos correspondiente al pasaje completo y seis para estudiantes y personas de la tercera edad; en las redes sociales, se abrió la convocatoria para una manifestación en contra de los permisionarios y el gobierno, a la 13:00 horas el día de hoy en la Rafael Cuervo, a la altura de las farmacia Guadalajara.
Era de esperarse una reacción de esta magnitud, pues realmente los estudiantes y ciudadanos se encuentran agraviados por la falta de atención del director general de Transporte del estado de Veracruz, Roberto López Santoyo, quien les ha tomado el pelo en cuatro ocasiones al no asistir a las reuniones con los estudiantes donde supuestamente también irían los permisionarios de las líneas de transporte. Pues ni uno ni otro, porque los han dejado con un “palmo de narices” enviando este servidor público un mensaje directo a los quejosos: la ciudadanía no le interesa.
Mañana, muchos automovilistas se volcarán en contra de quienes se manifiestan, culpándolos del bloqueo, cuando realmente el único culpable es el gobierno por permitir que los permisionarios se sirvan con la “cuchara grande”.
Obviamente el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa se encuentra impedido en proceder en contra de los empresarios de las diversas líneas de transporte urbano, pues estos “contribuyen” activamente en las diversas campañas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pegando publicidad en las unidades y acarreando el día de las elecciones a personas de los diversas colonias a las urnas.
Es decir amable lector, el hombre se encuentra imposibilitado a proceder, pues de hacerlo, en el 2015 estos pueden levantar su apoyo y proceder en detrimento de sus “gallos”.
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