La Coordinación Nacional Antisecuestro perteneciente a la Secretaría de Gobernación, el cual será un mecanismo autónomo –con presupuesto propio para su ejecución- fue decretado por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con la finalidad de establecer un mecanismo estratégico para combatir el secuestro a nivel nacional, pero principalmente, tomando como base a las 10 entidades federativas más conflictivas en ese tenor, en donde Veracruz, forma parte de ellas.
El proyecto tiene sus bondades, más no con ello quiere decir que está diseñado para dar resultados óptimos en el compromiso de establecer a nivel nacional un esquema vinculación inmediata –entre los estados y la delegaciones- para así lograr instituir líneas de investigación oportunas con relación a un plagio o “levantón”–adulto o niño- denunciado por parte de los ciudadanos.
El impedimento ante este ya decreto, es que se tendría que invertir en equipo de comunicación de alto nivel, es decir que fuera realmente novedoso y sobre todo capacitar al personal para que puedan llevar a cabo una real vinculación en los puntos estratégicos –el lugar y zonas aledañas donde se perpetró el secuestro- para poder realmente establecer un escudo de protección y sobre todo, fortalecerlo con una investigación realmente profesional y con personal capacitado, y lograr en un lapso no mayor de 72 horas la ubicación de la persona plagiada y lo más importante, la desarticulación de la banda delincuencial ejecutora.
Aquí comparto inteligente lector, uno de los puntos centrales con la que fue diseñada la Coordinación Nacional Antisecuestro, decretada el día 27 de enero del 2014, por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto:
“La Coordinación Nacional Antisecuestro tendrá por objeto coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las dependencias responsables de la seguridad pública del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con el sistema de distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos legales aplicables, en el marco de la estrategia nacional para combatir el delito de secuestro”.
Por la incapacidad en infraestructura y capital humano, podemos advertir que dicha coordinación y titular, serán un elefante blanco más, que operará tanto el gobierno federal como en todas las entidades federativas.
Es inaudito que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretenda tomarnos nuevamente “el pelo”, cuando sabemos que quienes se encargan de la seguridad del país y los estados, no son capaces de saber escribir adecuadamente ni su nombre. Primero deberán capacitar al personal que conforma los Ministerios Públicos y los equipen adecuadamente, para que sepan y comprendan para qué sirve el internet –no es nada más para estar chateando en Facebook o Twitter- y realicen una verdadera vinculación con las áreas que se comprometen para llevar a cabo la investigación de un hurto o delito.
Es normal ver como los MP arrojan a un viacrucis al ciudadano que fue víctima de un robo –ejemplo quien sufrió el hurto de un auto- al hacerlo llevar bajo sus propios medios el oficio a las instancias que participan –supuestamente porque jamás hacen su trabajo- para la localización inmediata de su automóvil. Obviamente quienes llevan los procedimientos de investigación de un robo o un secuestro, no les interesa en lo absoluto realizar su trabajo adecuadamente.
Por lo tanto, amable lector, no espere mucho de ese “Plan Estratégico Antisecuestro”, porque evidentemente está diseñado para darle “atole con el dedo” a los mexicanos.
Nefasto legislador PRIANISTA
El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leandro Rafael García Bringas-ese mismo que si le conviene hoy está con el tricolor, mañana brinca al Acción Nacional (PAN) y luego, como todo un “chapulín” se regresa al Revolucionario Institucional, con todo el cinismo que le caracteriza- el día de ayer, realizó una más de sus intolerantes actitudes –que su estándar burgués siempre lo ha acompañado- en contra de los usuarios de las redes sociales.
Al parecer al legislador no le han avisado que “La Ley Duarte” fue literalmente derogada por parte de la Suprema Corte de Justicia el 20 de junio del 2013; por lo tanto, su intolerante y prepotente idea de castigar a quienes han notificado a través de sus cuentas de Facebook y Twitter sobre la existencia del robo de pequeños para asesinarlos y traficar sus órganos, es literalmente improcedente e inconstitucional.
También hay que advertirle al adinerado legislador –que le baje dos rayitas a su prepotencia- que la gravedad del asunto no data en como la campaña –dándole el beneficio de la duda, aunque me cuesta mucho trabajo hacerlo- fuera una verdad o mentira, acto que se podría contrarrestar con una declaración sería y con bases por parte de las autoridades estatales. El inconveniente es que la ciudadanía simplemente ya no les cree absolutamente nada.
La constante actitud de declarar mentiras, desestimar la situación real del grado de inseguridad en el estado con información literalmente sesgada a través de sus medios de comunicación “a modo”, pues ha logrado, que aunque digan la verdad, pues nadie les cree.
Recuerden la fábula de “Pedro y el Lobo”. Perdón, como lo van recordar si el “Gobierno Próspero” no leen nomás que sus discursos en los eventos.
No es la culpa de los veracruzanos y de las veracruzanas. Todo se centra en la falta de compromiso y ética –dejando a un lado su capacidad para mantenerse en los cargos- de quienes evidentemente sólo quieren vivir enquistados en el poder para continuar enriqueciéndose a costillas de los ciudadanos.
La estrategia del gobierno de mantener a los gobernados en el rezago ilustrativo y en la marginación, para con ello ganar elecciones;“Pues la pobreza se traduce en votos” citara el columnista de la Jornada, Enrique Galván Ochoa en su intervención en el espacio noticioso de Carmen Aristegui; es parte de una realidad de un determinado extracto social.
El problema –para los poderos- es que la ignorancia no está concentrada en todos los mexicanos, afortunadamente. Por ello, le recomendamos al legislador leer un poco más, porque al parecer la desinformación no está nada más en aquellos que reproducen en las redes sociales actos delictivos sin comprobarlos; sino es una limitación en su persona que podría erradicar, tomando un libro.
Hay que predicar con el ejemplo, aunque nos imaginamos que pretende estar en “sintonía y a la moda” gubernamental, en donde leer no es una prioridad mucho menos una necesidad.
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