Dependencias y programas: fraudes gubernamentales

Dependencias y programas: fraudes gubernamentales

 

El día de ayer, el Congreso del estado de Veracruz, aprobó por unanimidad la instauración del Consejo Consultivo Ciudadano, con la finalidad que este vigile la “Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación” de población en rezago social. Dicha atribución tiene la meta de exigir que tanto autoridades estatales y municipales generen condiciones de equidad para determinados grupos sociales –que son cientos de ciudadanos- que viven en zonas de “marginación”.
Para mi gusto, este “consejo” sólo será otro “elefante blanco” como las innumerables dependencias que el gobierno estatal forma –muchas instancias federales también contribuyen, no se salvan- para sólo ser utilizarlos como centros de colocaciones y pagos de compromisos adquiridos. Jamás se les exige resultados, sólo serán utilizados como “cajas chicas” del gobernador en turno –el cual no tiene “llenadera”-. Se debe de puntualizar que también existen muchos programas que dejan mucho que desear, porque no solucionan absolutamente nada para lo que fueron diseñadas, eso sí, el presupuesto es elevadísimo, pese a que realmente este no llegue su objetivo principal: los ciudadanos veracruzanos.

Podemos citar muchas dependencias y programas que maneja el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Pongamos pues, toda nuestra concentración a ese programita, tan “cacareado” por Duarte de Ochoa: El Programa “Adelante”.

La instauración este por parte del gobierno del estado, tiene supuestamente el objetivo de “abatir” y “combatir” los factores asociados a la pobreza y marginación de la población vulnerable,  concentrados todos ellos en tan sólo 15 de los 212 municipios que conforma la entidad.

Retomando la información expuesta en su página de internet -http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=3267,4921452&_dad=portal&_schema=PORTAcondL- en ella indica que son 15 municipios con mayor marginación –información retomada de los trabajos de investigación elaborados en el 2005 por parte de la CONAPO y en el 2010 por el INEGI. Dicha fuente indica, que son alrededor de 200 mil 401 habitantes que padecen de rezago económico; es decir, corresponde supuestamente al 2.62 por ciento a nivel estatal de ciudadanos que viven en 577 localidades ubicados en esos 15 municipios.

Ahora bien, concentrémonos en el mecanismo del programa:

Visitan las zonas marginadas, en donde engañan a la población no tan sólo con rezago económico, sino también en educación, donde les hacen creer que el programa se preocupa realmente por ellos y  a través de él, serán sacados de la pobreza en los que viven inmersos por muchas generaciones. Les ponen pisos de cemento, les proporcionan un poco de comida y tal vez, les distribuyen una o dos láminas para que las pongan en alguna parte de sus deteriorados techos de sus viviendas de cartón y madera vieja.

Jamás el gobierno del estado a cargo de Javier Duarte de Ochoa se da a la tarea de instaurar una estrategia seria en los municipios y localidades con mayor marginación donde les ofrezcan a los ciudadanos reales apoyos. No trabajan con ellos de la mano para brindarles educación, empleo y sobre todo, capacitarlos programas productivos donde puedan comercializarlos entre ellos, y les sirvan de trueque para poder subsistir decorosamente y tener dignas casas y comida para sus familias. Sacarlos de la marginación pero intelectual en la que convenientemente los tiene sumergidos.

Ahora bien, que pasa con los pobres de los demás municipios. Para información del señor gobernador, la pobreza no está concentrada en tan sólo 15 municipios de la entidad, sino que se extienden en las 212 cabeceras municipales. ¿Qué hace por esa gente? Pues sabemos que absolutamente nada.

Con esto, amable lector, dejamos por sentado que los programas y algunas dependencias sólo sirven para mantener a los servidores públicos y burócratas que las integran, pero jamás para lo que fueron diseñadas.

No le podemos brindar el beneficio de la duda a su supuesto “Consejo Consultivo Ciudadano”, pues sabemos que éste no servirá y al único que le dará riquezas y beneficios, es al propio Javier Duarte de Ochoa, pues justificará destinarle un jugoso presupuesto en lo que resta de su administración, y dicha instancia sólo servirá de “caja chica”. Desde el momento que sus titulares son impuestos por el propio gobernador, sabemos que la instancia será nuevamente una “tomada de pelo”.

Sólo tendríamos que revisar instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde su presidente, Luis Fernando Perera Escamilla, fue impuesto por el ejecutivo estatal; la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) Carolina Viveros García, la ratificó el gobernador por los “buenos” resultados brindados desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán; la imposición del presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV), Daniel Ruiz Morales como de sus magistrados, todos ellos, respondiendo a las necesidades tanto del gobierno del estado como del Partido Revolucionario Institucional, para mantenerse en el poder tanto en la entidad como el Congreso Local. Todo, absolutamente todo, diseñado para mantenerse en el poder y continuar viviendo del erario público y a costillas de los veracruzanos.

Mientras que dichas dependencias no sean conformadas por verdaderos eruditos en el ramo y elegidos por el propio pueblo; su representación jamás será imparcial al poder que los impuso.

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