Empecé a trabajar en el texto que compartiría con ustedes el día de hoy a partir de la pregunta central que titula esta columna. Pero tras la noticia de la muerte del personaje en referencia, la columna adquiere otra dimensión.
No obstante, no considero impedimento para compartirles la reflexión que preparé, pues considero que el hecho no se puede repetir y que debe ser elemento de reflexión inmediata en la legislación de nuestro país.
No es menos que vergonzante la manera vulgar en que Felipe Calderón nos ha endosado la manutención de Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal y de su familia. El defeño de 50 años, que pasó de la academia a la función pública.
Egresado del ITAM y con experiencias como consejero electoral del IFE entre 1996 y 2003, experiencia que le sirvió para fungir como asesor de la ONU en Bagdad, para el diseño del sistema electoral de ese país.
Su acercamiento con las huestes panistas le sirvieron para ser designado comisionado del IFAI entre 2005 y 2009, instituto que también presidió. De ahí salto a la SEP para cubrir el ineficaz desempeño de Josefina Vázquez Mota, pero al igual que su antecesora con más pena que gloria desempeñó sus funciones en dicha secretaría.
Como secretario de educación tuvo que retirarse para atender asuntos de salud, y contrario a lo que presumía una y otra vez su jefe Calderón Hinojosa, sobre nuestro sistema nacional de salud, Lujambio no atendió la suya en México, sino que salió del país.
Desde que Lujambio se retiró de la SEP en noviembre de 2011 no se le volvió a ver hasta agosto de este año; lo que se sabía de él era por comunicados indirectos de gente cercana a su familia.
Su estado de salud era casi irreversible, por eso extrañó mucho que Calderón hubiera tardado tanto para nombrar a otro secretario de Educación Pública, y por eso resultó más extraño aún, la obstinada actitud de Calderón de beneficiarlo proponerlo y defender su espacio en el Senado.
Beneficiar a los amigos aún en el peor momento de su vida, parecía ser un estilo de hacer política de ciertos mexicanos, y generalmente estaba asociada al pasado corrupto; pero la llegada del PAN a Los Pinos, le quitó al PRI ese privilegio.
Solo en los estamentos decrépitos, se beneficia a los amigos, como se hizo con Lujambio, con un cargo público de seis años. Solo en las dictaduras se otorga un cargo a quien muestra signos claros de deficiencia física.
El 29 de agosto, todos vimos a un Lujambio, demacrado, parchado, sin cabello, descastado, poco ético al aceptar y obstinado en permanecer, en un cargo de representación popular a sabiendas de que no podía desempeñarlo.
El 29 de agosto vimos a un Lujambio pavoneado por los aplausos de sus pares, que estimulaban su complicidad – solo por si alguien más ocupara su situación- al asistir a la toma de protesta del cargo y obtener con ello los beneficios que conllevan ser senador.
No importaba que no se presentara a pleno o trabajara en comisiones, los mexicanos teníamos la obligación de mantenerlo a él y su familia, y de contribuir al fisco para que enfrentara su enfermedad.
Pero ¿Y si Lujambio Muriera? Si eso ocurriera, el simple hecho de haber protestando su cargo, bastaría para que Lujambio Irazábal obtuviera no solo a su dieta, sino al seguro, la indemnización y otras canonjías para su familia.
Ante este escenario debemos preguntarnos ¿En realidad este país esta para mantener a personajes que evidentemente no están aptos para el cargo público? ¿Podemos hacerlo cuando millones de mexicanos viven en la miseria y otros tantos tienen pobreza alimentaria? ¿De verdad no había nadie más en el PAN para ocupar el cargo que Lujambio ostenta?
Este hecho del cual somos testigos es una vergüenza y nos lleva a plantear la necesidad de revisar la Ley orgánica del Congreso y el reglamento del Senado, para incluir las hipótesis que hoy enfrentamos en el Caso Lujambio. ¿Ustedes que opinan?
Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem.
