Todos deberían irse

Todos deberían irse

Dice un popular refrán mexicano que para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. Y fue desde dentro de Morena mismo que quedó evidenciada la negligencia e irresponsabilidad del régimen de la “4T” en el estado de Veracruz.

El diputado local de Morena por el distrito de Medellín, José Magdaleno Rosales Torres, evidenció este jueves que ni el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, ni el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, cuentan con sus respectivas acreditaciones de evaluación y control de confianza que exige la ley para funcionarios en cargos relacionados con tareas de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

“Tengo información de que el día de ayer los citaron en la Ciudad de México (…) para hacer un examen de confianza”, declaró Magdaleno Rosales a los reporteros de la fuente, lanzando con ello una bomba.

Y es que hace unas cuantas semanas, precisamente con el argumento de que no contaba con las mismas evaluaciones, la Diputación Permanente de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz decidió –sin tener además atribuciones para ello- “suspender temporalmente” de su cargo como fiscal general estatal a Jorge Winckler Ortiz, en vista de “la gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a derechos fundamentales de los veracruzanos en materia de procuración de justicia, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica”.

El artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que “el personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza”. Los titulares de Seguridad Pública, Fiscalía General y Gobierno entran en esta clasificación.

La revelación de Rosales Torres implica que ambos funcionarios, los de más alto rango en la estructura del Gobierno de Veracruz después del titular del Poder Ejecutivo, ejercieron sus encargos adoleciendo de la misma insuficiencia jurídica que Winckler durante los casi diez meses que llevan en sus puestos, por lo que en consecuencia, también tendrían que haber sido removidos de sus responsabilidades, pues violaron la ley antes citada.

Cuestionado al respecto por los reporteros este mismo jueves, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, no le quedó de otra que admitir que ambos funcionarios se sometieron a las evaluaciones “el día de ayer” (miércoles 25 de septiembre de 2019), pero según él, no hay problema en ese retardo pues “tienen un tiempo para que eso suceda (las evaluaciones). Ellos están en eso. Los van a tener, sin problema”.

Empero, en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2013, en el que se establece el periodo de vigencia de las

evaluaciones de control de confianza, la que se otorga por un periodo de tres años es concedida a los funcionarios de “nuevo ingreso”, por lo que se infiere que al tomar el cargo, tendrían que haberse sometido de inmediato a dichos exámenes. Y como admitió el propio gobernador, no fue así.

Más allá de quedar evidenciada la treta para apoderarse del control de la Fiscalía General del Estado –con un argumento que pudiera considerarse válido, pero que se descalifica por la suciedad del procedimiento-, lo que queda al descubierto es que quienes han tenido a su cargo la prevención del delito, la procuración de justicia y la gobernabilidad en Veracruz han violado la ley durante casi un año.

Todos deberían irse.

 

Simulación en el Orfis

 

Finalmente se consumó la ascensión de una incondicional del régimen morenista al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, con lo que cualquier expectativa de que se llame a una rendición de cuentas real al actual gobierno estatal, queda cancelada.

Pero llama poderosamente la atención que la votación para ungir a la morenista Delia González Cobos como auditora general haya sido prácticamente unánime, con el apoyo hasta de los diputados del PAN.

¿De a cómo fue el acuerdo?

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