A estas alturas, ya no causan asombro alguno las incongruencias y abiertas
falsedades con que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” ha mal
gobernado y engatusado al país entero.
El anuncio presidencial de la emisión de un “decretazo” para que la Guardia
Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional no hace
sino formalizar lo que de hecho ya era una realidad: ese cuerpo de seguridad
nunca fue civil, contrario a lo que se prometió al momento de su creación. Siempre
estuvo militarizado y queda claro que jamás hubo la intención de que fuera de otra
manera.
Pero aun cuando en este tema no hay “nada nuevo bajo el sol”, no deja de ser
preocupante atestiguar cómo la militarización total del país -el ejército y la marina
tienen en sus manos obras, infraestructura, aduanas y millonarios negocios- se da
a la par de la radicalización del régimen, no solo en su discurso, sino también en
sus prácticas.
La sola intención de “solucionar” con un decreto lo que no tiene capacidad de
hacer transitar por la vía legislativa, es un acto de profundo autoritarismo del
presidente Andrés Manuel López Obrador. Como sabe que no cuenta con los
votos suficientes para hacer de la Guardia Nacional un cuerpo militar a nivel
constitucional, recurre a un desplante, uno de tantos, para “demostrar” quién
“manda” aquí.
Esa radicalización se torna peligrosa cuando en la ecuación se incluye a una casta
militar engolosinada con el inmenso poder político y económico que se le ha
entregado durante el presente sexenio, en un sentido totalmente inverso al
discurso que quienes hoy ejercen el poder enarbolaban cuando estaban en la
oposición, y en franca traición a las causas que alguna vez juraban que defendían.
En un Estado donde se respetase la legalidad, la intentona presidencial no tendría
futuro. Constitucionalmente, la Guardia Nacional fue creada con un mando civil y
un decreto no puede estar por encima de lo que establece la carta magna del país.
Así que sería a todas luces inconstitucional el arranque presidencial.
Sin embargo, en los últimos meses hemos visto cómo en todo México las leyes se
quebrantan, se tuercen, se ignoran, sin que pase absolutamente nada. En muchos
casos incluso, con la complacencia del Poder Judicial, tanto a nivel federal como
de los estados. Los amparos se desconocen, los procedimientos legislativos se
hacen al gusto de quienes los controlan, se desacatan los mandamientos
judiciales, se usa al aparato del Estado para perseguir opositores. Y no pasa
absolutamente nada.
La restauración del Estado autocrático que ha emprendido el lopezobradorismo
solo será completa si logran desbaratar el andamiaje político-electoral que, con
muchísimo esfuerzo y no exento de problemas, se construyó en el país en los
últimos 35 años. Por ello es que abiertamente quieren destruir al Instituto Nacional
Electoral como organismo autónomo para sustituirlo por una especie de “dirección
de elecciones” controlada por el propio gobierno, con un único objetivo:
perpetuarse en el poder, barriendo cualquier clase de oposición y disidencia para
retroceder al sistema de partido hegemónico que le permitió al PRI enquistarse
siete décadas ininterrumpidas en la Presidencia.
Y si algo sale mal, pues para esto están los “apapachados” militares, cuyos
privilegios no estarán dispuestos a perder y que ya han sido usados para hacer
“ensayos” de represión: ahí está la propia Guardia Nacional persiguiendo
migrantes por órdenes del gobierno de Estados Unidos.
La esquizofrenia del lopezobradorismo suele ver conspiraciones “golpistas” en
cualquier crítica o exhibición de sus incapacidades y corruptelas. Pero darle la
vuelta a la Constitución, a la división de poderes y a la democracia misma es una
suerte de “autogolpe” que el régimen de la “4t” parece estar dispuesto a darse.
Con consecuencias inimaginables y seguramente irreparables.
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