Riesgo de emergencia sanitaria: ¿quién es el culpable?

Riesgo de emergencia sanitaria: ¿quién es el culpable?



A pesar de que se garantizaba lo contrario, el pleito entre el Gobierno del Estado de Veracruz y la empresa Finamed ha comenzado a tener repercusiones en la prestación de los servicios de salud de la entidad, con la posibilidad de graves consecuencias.

El primer foco rojo se registró en el Centro de Especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio” de la ciudad de Xalapa, uno de los más grandes de todo el estado. Luego de que Finamed dejó de prestar el servicio de hemodiálisis, los 66 pacientes con problemas renales que ahí se atienden fueron informados de que tendrán que pagar más por las sesiones, pero recibirán menos de éstas al mes.

Antes, erogaban 500 pesos por 12 sesiones mensuales. Ahora les costarán mil 500 pesos, y sólo recibirán ocho. Pero esto únicamente incluye el servicio de la máquina de hemodiálisis. Ya no abarca el suministro de hierro y hemopoyetina, ni estudios de laboratorio o consultas extra, lo que eleva los costos de los tratamientos, según estiman los pacientes, entre tres y cuatro mil pesos. Y tratándose en la mayoría de los casos de personas de escasos recursos, les resulta incosteable.

Finamed dejó de prestar sus servicios de operación de máquinas y suministro de consumibles en el sector salud de Veracruz desde el pasado 16 de agosto, alegando que el Gobierno del Estado le debe más de 18 de meses de pago por los mismos.

De esta forma, retiró a su personal de 11 nosocomios: Centro de Especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio” en Xalapa; Hospital General “Dr. Luis F. Nachón”, de Xalapa; Hospital General Regional de Alta Especialidad de Veracruz; Hospital General “Dr. Emilio Alcázar” de Tuxpan; Hospital Regional de Poza Rica; Hospital General “Manuel Ávila Camacho” de Martínez de la Torre; Hospital General “Jesús García Corona” de Tierra Blanca; Hospital General “Yanga” de Córdoba; Hospital Regional de Río Blanco; Hospital General “Dr. Bernardo Peña” de San Andrés Tuxtla; y Hospital General “Dr. Valentín Gómez Farías”, de Coatzacoalcos.

A su llegada a la titularidad de la Secretaría de Salud, Juan Antonio Nemi Dib anunció que le sería rescindido el contrato a Finamed porque el equipo no funcionaba correctamente y, en algunos casos, ni siquiera había sido instalado en los centros de salud que le habían sido asignados.

En su defensa, Finamed afirma que “ayudó a modernizar el sistema de salud estatal con una inversión en obra física de más de 80 millones de pesos en la construcción de cinco nuevas unidades hospitalarias, con 43 máquinas, y se habilitaron dos salas de hemodiálisis con 17 máquinas adicionales para otorgar el servicio, con un total de 60 máquinas”.

“También remodeló y adecuó la infraestructura para los servicios de imaginología en nueve hospitales. En total la empresa suministró alrededor de 889 mil 200 procedimientos especializados en las áreas de cirugía cardiovascular y torácica; hemodinamia; quirófano; imaginología y hemodiálisis”, sostiene la empresa a través de un comunicado.

Como se consignó es este espacio hace unos meses, el gobierno estatal anterior, que encabezaba Fidel Herrera Beltrán, le otorgó a Finamed en 2009 un mega contrato por cinco mil millones de pesos para la prestación de sus servicios durante 12 años, que incluían la renta de equipo médico especializado, transacción que fue aprobada por el Congreso del Estado a pesar de las protestas de la oposición.

Varias preguntas surgen de este caso. ¿Por qué, si el servicio de Finamed es tan deficiente como dice ahora el gobierno estatal, se mantuvo la relación de trabajo con esta empresa durante dos años y medio? ¿Cómo le hizo Finamed para aguantar 18 meses sin cobrar? ¿Quién está detrás de Finamed, como para que se le hubiera asignado un contrato del tamaño del que obtuvo, y que ahora reta al gobierno veracruzano con la mano en la cintura y lo deja colgado con la atención de cerca de 250 mil pacientes en la entidad?

Y sobre todo, ¿quién se va a hacer responsable de lo que constituye a todas luces un atraco al erario, así como un atentado contra la salud de la población del estado de Veracruz?

Porque esta vez pudieron contener la protesta pública de los pacientes con la promesa de que se atenderían sus reclamos. ¿Aguantaría el sector salud de Veracruz una generalización de estos problemas en los demás nosocomios afectados?
Difícilmente.

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