La pregunta lógica, señalan, sería ¿por qué se promueve una política pública (ILE) que daña a sus usuarios?
Indicaron que la única justificación que existe en salud pública para destinar presupuesto que atienda las secuelas de algún evento, es que exista una enfermedad, padecimiento o accidente previo, que repercuta en el bienestar psicosocial del individuo.
“Desde esta premisa, ¿es el aborto una patología? Muchos dirán que no, pero de no serlo ¿para qué considerar la creación de programas de acompañamiento que traten las posibles secuelas? Proyectos que, desde luego, requieren de más presupuesto público”.
Añadieron que si su práctica resulta nociva ¿cuáles son los beneficios que lo justifican como política pública? ¿Cuál es la problemática que resuelve un programa como el ILE? “Hasta la fecha, no existen indicadores que permitan medir sus resultados ni dar un seguimiento riguroso”.
Más bien es un programa que nace “encajado” entre el debate público y el discurso ideológico que “en el camino”, busca su razón de ser.
En el DF, como en muchas otras ciudades, este tipo de programas no pasan el filtro de una evaluación seria. Su diseño no contempla objetivos concretos a alcanzar, salvo el de ampliar su cobertura y que “todas las mujeres tengan acceso al aborto”.
La pregunta de fondo es entonces, ¿por qué tendríamos que ampliar un programa que puede generar problemas psicológicos? ¿no se deberían utilizar estos recursos para atender las problemáticas que subyacen al aborto (violencia familiar y social, desamparo moral y económico, falta de oportunidades laborales, machismo, deficiente educación sexual, entre otras)?
Finalmente señalaron que parece lejano un debate serio y no ideológico sobre el aborto y el ILE. Por lo pronto, y desde la óptica de la política pública, no hay argumentos suficientes para seguir destinando recursos a un programa como este.
AMN.MX/fm