
GUDALAJARA, 7 de mayo.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es comandado por tres capos michoacanos, el líder Nemesio Oseguera, “El Mencho”; José González Valencia, cerebro financiero, y Rogelio Guizar Carmolinga, jefe de operaciones, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
Tanto Guizar como González son familiares políticos de Nemesio Oseguera Cervantes.
Además de llevar las finanzas de la organización criminal, González Valencia es jefe de una estructura de seguridad en Jalisco y Colima.
La estructura de seguridad de José González, “La Chepa”, es considerada la responsable de los ataques en Jalisco a policías federales y estales y a elementos del Ejército.
El lugar que ocupa “La Chepa”, cuñado de Oseguera, anteriormente era de Abigael Oseguera, quien fue detenido el 28 de febrero.
Con este puesto, “La Chepa” también se encarga de alianzas con grupos criminales en Asia y Europa, a donde mandan cargamentos de drogas sintéticas.
Asimismo, entre sus funciones está la relación con traficantes de armas de Estados Unidos y Centroamérica, según detalla el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Por su parte, Guizar Carmolinga, compadre de Nemesio Oseguera, es el encargado de la estructura operativa y de la seguridad en Michoacán y Guerrero.
El capo también es considerado el enlace con organizaciones criminales que operan en Quintana Roo y Veracruz.
También se encarga de las células criminales en Guanajuato, Michoacán y Estado de México, donde se han registrado ataques contra las autoridades locales, detalló el periódico La Jornada.
Él es encargado de los centros de producción de drogas sintéticas y en 2009 fue acusado de homicidio culposo.
De acuerdo con la PGR, ahora los narcotraficantes michoacanos han sustituido a los capos sinaloenses y mantienen alianzas con los grupos criminales del denominado Triángulo Dorado.
Entre los aliados de los michoacanos se encuentran los cárteles de Juárez, de los Arellano Félix, de Sinaloa y del Golfo.
Actualmente, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, es considerado uno de los principales objetivos del gobierno federal y se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos por información para su detención.
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