Los Yanomanis y los Yukpa son víctimas de mineros clandestinos
NACIONES UNIDAS, 2 septiembre (Al Momento).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió hoy al gobierno venezolano que indague de forma exhaustiva y sancione los casos de violencia contra etnias indígenas de la región amazónica, como los Yanomanis y los Yukpa, que habitan en la Sierra de Perijá, en la frontera con Colombia.
En las conclusiones de su 83º periodo de sesiones, el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial expresó su inquietud por la impunidad de las agresiones por parte de mineros contra miembros del pueblo Yanomami.
Dicho Comité reclama al Estado venezolano resguardar a esos pueblos indígenas y propone que se tomen en cuenta las reglas de protección para los pueblos en aislamiento y en contacto inicial que se han adoptado en la región amazónica.
En su informe, el Comité califica como “muy graves” los enfrentamientos entre las etnias indígenas y quienes de manera clandestina explotan los recursos mineros de la Sierra de Perijá, que derivaron en el asesinato del cacique Sabino Romero y de su familia.
Según la ONU, los hechos de violencia en la zona son producto de la falta de demarcación de la tierra, por lo que insta al Ejecutivo venezolano a “implementar los mecanismos necesarios para acelerar la demarcación de los territorios de los Yukpa”.
Con el fin de prevenir la discriminación racial en la administración de la justicia, el Comité propone que el gobierno venezolano “reconozca los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas y que impulse el anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Especial Indígena”, para ajustar esos modelos con el sistema nacional.
Desde el Comité se ha valorado el esfuerzo del gobierno venezolano para garantizar la participación de los pueblos indígenas a través del reconocimiento de su derechos a la consulta previa, pero se ha exigido “información más detallada sobre cómo se ha implementado este derecho”.
De esta forma, la Organización de Naciones Unidas ha solicitado que “se intensifiquen los esfuerzos” para garantizar la plena participación de los indígenas, en especial de las mujeres, en las administraciones públicas y en las instituciones representativas.
El Comité también pidió que “se elaboren indicadores demográficos que aporten claridad sobre la situación en la que viven las comunidades indígenas y la población afrodescendiente”, ya que supone que en el último Censo de Población y Vivienda “no contiene datos estadísticos recientes, fiables y completos sobre la composición de la población”.
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