La culpa de los virreyes

La culpa de los virreyes



Era de esperarse que se tomaran medidas urgentes ante la gravedad del problema del endeudamiento de estados municipios, que amenaza con convertirse en un alud si no se le pone freno.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, el endeudamiento global de estados y municipios mexicanos se calcula en 390 mil millones de pesos. Otras estimaciones lo sitúan en más de 426 mil millones. Ambas, cifras espeluznantes, por cuanto suponen la hipoteca de las finanzas locales durante varias generaciones, lo que tiene inevitables consecuencias en la obra pública, los proyectos de inversión, la derrama económica y en suma, en la calidad de vida en las entidades federativas.

Los estados cuyas finanzas están en situación crítica por esta causa son Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Campeche, Morelos, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán, Baja California Sur, Zacatecas y, por supuesto, Veracruz.

Ya lo había reconocido en campaña el actual diputado local electo por Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil, quien advirtió que la deuda real de Veracruz ascendía a 87 mil millones de pesos, lo que le valió, según se especula, un reclamo de alto nivel.

Pero la realidad ha terminado por imponerse. Tanto así, que la Cámara de Diputados acaba de aprobar un dictamen que reforma la Constitución federal en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios, con lo cual, al menos en el papel, se pretende frenar el endeudamiento irresponsable que está a punto de comprometer las finanzas de la Nación.

Entre otras disposiciones, la reforma establece como facultad del Congreso de la Unión “establecer las bases generales de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, además de los límites y modalidades en los que éstos, podrán afectar sus participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago”.

Ordena para los estados y municipios “la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda”, y maneja como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados “conocer y opinar sobre la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías”.

La reforma, que aún debe ser ratificada por el Senado, determina asimismo que los estados y municipios “no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado”. Y remata diciendo que “en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente”.

No es una situación menor. Lo que se busca –insisto, al menos en el papel– es acabar con el despilfarro y saqueo de las arcas con que se despacharon gobernadores y alcaldes los últimos dos sexenios, escudados en un federalismo de chorlito, hasta el grado de complicar gravemente el futuro de las demarcaciones que mal gobernaron.
Seguro que habrá resistencias y presiones durante la discusión del dictamen en la Cámara de Senadores, para que se le “limen los dientes” a la reforma con el mismo pretexto del federalismo y la autonomía. Veremos de qué están hechos los senadores. Y a qué intereses realmente sirven.
Lo cierto es que el país no aguanta más virreyes derrochadores de lo que no es suyo.

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