El día 14 de noviembre de 2013, en el contexto del tercer informe de gobierno de Javier Duarte, publiqué un artículo titulado “Javier Duarte y su circunstancia”. En parte el artículo decía lo siguiente: “La senda de Javier Duarte, al menos por los siguientes tres años, debería ser el buen gobierno; su inclinación debería ser hacia los veracruzanos. Pasados tres años ya basta de las ocurrencias y frivolidades, ya basta de escuchar los malos consejos de aquellos que sólo buscan llenar su vientre, ya basta de voceras nocivas y de funcionarios corruptos, ya basta de cerrar los ojos a la realidad, ya basta de cerrar los oídos a la sensatez, ya basta de sólo sentirse gobernador y no serlo, ya basta de poses, de apariencias. Es tiempo de que Duarte mire su circunstancia y se decida de una vez por todas a ser lo que la ley dicta, lo que la Constitución obliga, es decir Duarte debe ser ya el gobernador de Veracruz”.
Ese mismo día de su informe la poeta Silvia Tomasa Rivera había sido retirada de su puesto en el Instituto Veracruzano de la Cultura. La poeta, con varios premios nacionales, acudió al gobernador para ponerlo al tanto de su situación. Lo encontró en San Juan de Ulúa y le explico el caso. El gobernador, pasados unos días, ordenó que se restaurara de inmediato a la poeta en su puesto. La orden la dio a través de su secretario particular, entonces Jorge Carvallo Delfín. La orden llegó a las oficinas de Rodolfo Mendoza; la orden no se cumplió. El director del IVEC no restauró en su puesto a Silvia Tomasa Rivera.
Que un funcionario dipsómano, de medio pelo, gris y sostenido sólo por su servilismo a Sergio Pitol osara no cumplir la orden del gobernador, excusando cualquier cosa, era muestra más que evidente de la poca autoridad que tenía Javier Duarte con sus subalternos. Los periodistas informados sabíamos que algunos funcionarios cuestionaban la legitimidad de Javier Duarte, que ignoraban su autoridad, que entre los mismos funcionarios se valían de ello y por lo mismo pasaban por alto las órdenes del gobernador.
Por eso decíamos, “ya basta de sólo sentirse gobernador y no serlo”. Ya era tiempo de que Javier Duarte empezara a gobernar.
La nota sobre el cese del cargo de Edgar Spinoso y de Gabriel Deantes, dos de los hombres de los que se decía, tenían la confianza del gobernador, es otra vuelta de tuerca en el estilo de gobernar de Javier Duarte. La primera vuelta la dio destituyendo a la nociva vocera Gina Domínguez.
Si se tratara de simular el boletín diría que los funcionarios entregaron su renuncia por motivos de salud, por ir a tratar asuntos personales, por invitación a un mejor puesto. Pero la nota es contundente, cesaron a los funcionarios porque “defraudaron la confianza del gobernador Javier Duarte de Ochoa”. Es más, se dice que los funcionarios habrán de ser investigados por el enriquecimiento inexplicable; sería suficiente con que les apliquen la Ley de Responsabilidades para Funcionarios Públicos, ley que en nuestro estado ha sido letra muerta.
Por supuesto a los informados el cese de estos funcionarios por los malos manejos administrativos y por el enriquecimiento “explicable” no nos toma de sorpresa; nos sorprende sí la forma.
Ya sabíamos que calladito Édgar Spinoso estaba enriqueciéndose groseramente y asimismo enriqueciendo a otros; sabíamos de las maletas de dinero que el señor transportaba en camiones blindados y cuyo destino no era precisamente la Secretaría de Educación. También sabíamos de las casas de Gabriel Deantes, de la compra por 50 millones de pesos del edificio que está en la esquina de la avenida Orizaba y Reyes Heroles, que se convirtió en un bunker desde donde se operaba la “guerra sucia” en la elección que llevó a Peña Nieto a la Presidencia y que por cierto en Veracruz perdió; todo eso sabíamos pero no publicamos nada porque necesitábamos pruebas.
El daño que este tipo de funcionarios causa a la imagen del gobernador es severo, porque el mal gobierno no se achaca a estos funcionarios sino al que lleva la jefatura y la jefatura la lleva el gobernador.
Es por ello que esta forma directa de enfrentar la corrupción en su gobierno es lo que se espera de un gobernador. La Constitución lo obliga a cumplir con la le; de no hacerlo, el mismo lo enunció el día de su toma de protesta, el pueblo que se lo tendría que reclamar. El pueblo, del que los periodistas también somos parte, lo hemos estado haciendo desde hace mucho rato. Estas acciones nos dan la esperanza de que nuestra voz ya no se siga perdiendo en las arenas de la impunidad.
Armando Ortiz Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
