- Las entidades con más denuncias son el DF, Estado de México y Tamaulipas
En la presentación de su informe de labores 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional expuso a los legisladores que ambos casos deben plantear “si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones” en la violación de derechos humanos del país.
En informe expuso que la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa es un expediente abierto.
“La investigación se realiza en ejercicio de las atribuciones constitucionales de la CNDH y en la cual es preciso que, en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los normalistas”, comentó.
González Pérez reconoció que los casos de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingán o Tanhuato han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en el país y que pusieron a prueba a las instituciones además de evidenciar las carencias, profundas desigualdades, así como la falta de oportunidades y respuesta de los tres órdenes de gobierno a diversos problemas sociales, así como la debilidad del Estado de derecho en varias regiones.
“En ningún caso podemos permitir la impunidad. Por el contrario, la investigación de estos asuntos debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y la sociedad mexicana con la justicia y respeto de la dignidad humana”, destacó.
El presidente de la CNDH lamentó que a pesar de la existencia del organismo defensor en los últimos 25 años, en el país continúan prácticas y conductas que debieron haberse superado como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o las detenciones arbitrarias.
“Lo anterior cuestiona que los derechos humanos efectivamente se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad y si los servidores públicos están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus atribuciones”, señaló.
Sin embargo, reconoció que México cuenta con las instituciones y el marco legal necesario para que las violaciones a la dignidad humana puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado.
Afirmó que la formulación de leyes pertinentes y debidas así como su aplicación efectiva no es algo que se pueda o deba negociar ni puede ser materia de transacción o “moneda de cambio” entre intereses de ninguna índole.
Es necesario tomar en serio los derechos humanos, entender que son el elemento básico para sustentar los cambios que el país demanda, “para lograr un México más justo e incluyente con un verdadero Estado de derecho y una institucionalidad fuerte, en donde la corrupción y la desigualdad no tiene cabida”, resaltó.
Ante legisladores federales, González Pérez indicó que el reto de todas las autoridades es sujetar su conducta al cumplimiento de la ley y el respeto y vigencia de los derechos fundamentales de las personas.
Aseguró que el reto de la CNDH y de los organismos locales de protección y defensa de derechos humanos es fortalecer la credibilidad y confianza de la sociedad mexicana en el sistema de protección no jurisdiccional de los mismos.
IMSS y Segob lideran quejas por violaciones a derechos
Como parte de su informe, Raúl González Pérez señaló que durante 2015, el organismo inició el trámite de 27 mil 867 nuevos expedientes, de los cuales nueve mil 980 correspondieron a quejas propiamente dichas, ocho mil 292 fueron orientaciones directas, nueve mil tres remisiones y 632 inconformidades.
El ombudsman nacional indicó que se registró un incremento aproximado de 12 por ciento en el número de expedientes registrados por la CNDH, al pasar de 24 mil 889 a 27 mil 867, es decir, cerca de tres mil expedientes adicionales.
Aseguró que al inicio de 2015 existía un considerable rezago en la resolución de asuntos, el cual implicaba dos mil 366 expedientes equivalentes a 36.5 por ciento del total de asuntos en trámite de esa fecha.
El titular de la CNDH refirió que las entidades en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos, fueron el Distrito Federal con dos mil 350 casos, Estado de México 791; Tamaulipas 613; Veracruz 468; Sonora 442; Chiapas 405; Jalisco 354; Oaxaca 349; Nayarit 302 y Michoacán 299.
Precisó que las instituciones con más denuncias en su contra por violaciones a derechos son el IMSS, con dos mil 185 casos, y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con mil 308.
Le siguen la Policía Federal, 783; la PGR, 761; el ISSSTE, 705; el Instituto Nacional de Migración, 688; la Sedena, 620; la SEP, 548; la Semar, 373; y la CFE, con 316.
González Pérez explicó que las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia durante el 2015 fueron “prestación indebida del servicio público, en tres mil 152 casos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, mil 871”.
Mientras que por omitir proporcionar atención médica se denunciaron mil 697 casos; detención arbitraria 879; trato cruel, inhumano o degradante 663; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes 602; negligencia médica 490; omitir fundar el acto de autoridad 481; omitir motivar el acto de autoridad 452; y prestar indebidamente el servicio de educación 431.
Precisó que durante 2015 la CNDH emitió 60 Recomendaciones –una de ellas por violaciones graves a derechos humanos por los hechos ocurridos en Apatzingán—, dirigidas a 42 autoridades, entre las cuales destacan el IMSS, señalado en 13 recomendaciones; la Comisión Nacional de Seguridad en 7; así como el Gobierno del Estado de Chiapas, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración, y la PGR, cada una de ellas con tres recomendaciones.
AMN.MX/dsc/bhr
